Lo primero sensato que he escuchado del nuevo Gobierno, eliminar la «demanda social» como justificación para la ampliación de conciertos en educación, mi enhorabuena esta vez a Celaá, se la ha ganado, y no porque el que suscribe esté en contra de la educación concertada o de sus docentes ni muchísimo menos, de hecho soy de la opinión que ambas deben coexistir, pero como bien dice, esta vez, Celaá, la educación pública debe prevalecer sobre la concertada y es obligación de cualquier Administración, que así sea.

Si bien, y acorde al artículo 27 de nuestra Constitución, debemos aceptar la coexistencia de la escuela concertada-pública, eso no quiere decir que comparta cómo se ha gestionado y se gestiona, o cómo y en qué condiciones. Llevado a su extremo, la «demanda social» puede conllevar que la escuela pública sea incluso subsidiaria de la concertada, o incluso que desaparezca.

Igual que se ha desvirtuado la sentencia de subsidiario a la concertada, se ha desvirtuado la de libre elección de centro, pues lo que existe es libertad de elegir tipo de enseñanza, pública, concertada y/o privada, pero según la oferta educativa, no el centro que cada uno quiera.

La oferta educativa de una localidad debe ser equilibrada y no sólo entre tipos de enseñanza, también entre centros de misma titularidad. Este curso hemos contemplado como la demanda social superaba la oferta en centros públicos y la solución no podía ser la ampliación de líneas o cursos, pues desvestiríamos santos para vestir a otros.

Bajo mi modesta opinión, la Administración obró bien al buscar una correcta distribución del alumnado que garantizase la continuidad de todos los centros, con una oferta equilibrada según la oferta y la demanda, aunque sea entre centros públicos, lo cortés no quita lo valiente. Otra cosa es que la pésima red de centros de algunas localidades haya permitido una excesiva oferta de puestos de titularidad concertada ante la titularidad pública o viceversa. También es cierto que hay localidades donde la oferta concertada triplica a la pública, algo inaudito y sin entrar en polémicas, bajo mi punto de vista, inaceptable.

Debo y doy la razón, esta vez, a Celaá. La escuela pública debe y tiene que ser el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, primero porque garantiza el acceso a todos los ciudadanos a una educación universal, básica y gratuita. En segundo lugar porque es la mejor manera de acabar con las desigualdades sociales y económicas, y en tercer lugar porque es obligación del Estado procurar que eso sea así. No podemos olvidar que la elección de tipo de titularidad de centro educativo, es como su palabra indica una elección voluntaria, pero el acceso a una educación de calidad y gratuita es una obligación, nazcas donde nazcas, en el municipio, barrio o calle.

Educación concertada y/o privada deben coexistir, es un derecho y nadie lo duda. Otra cosa es que nuestros políticos por fin regulen una Ley del Profesorado que garantice los mínimos para el ejercicio, en todas las enseñanzas y titularidades, otra de acceso a la función pública y una red de centros que garantice un puesto escolar de titularidad pública a todos los ciudadanos, la obligación, y una oferta suficiente y acorde que garantice ambas supervivencias a la concertada-privada, la elección que no es obligación. Hoy mi enhorabuena se la ha ganado, mañana ya veremos.