Es urgente un pacto de Estado sobre inmigración

Están ocurriendo demasiadas cosas con la inmigración. Se utiliza, a veces de forma retrógrada y xenófoba, la situación que sufren los sin papeles sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad. Se alimenta así el falso imaginario colectivo que ve la inmigración como un asunto que escapa de los controles administrativos e institucionales a que estamos acostumbrados. La presión mediática está dando el peor de los resultados posibles, y la política de extranjería vuelve a ser, fundamentalmente, un asunto de seguridad y orden público. El PP pide por enésima vez el "endurecimiento" de la ley, y el Gobierno responde con el documento Balance de la lucha contra la inmigración ilegal en 2009, en el que presume de las expulsiones efectuadas, en aumento desde el 2004, y parece identificar a las personas desplazadas como gentes ajenas al modelo de convivencia y ciudadanía consolidado; los inmigrantes son acosados por todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, como el de Vic. En el peor de los casos, con su exitosa táctica policial, el Gobierno puede dar argumentos a quienes vinculan inmigración y delincuencia, idea perversa, pero recurrente. Una cordura y prudencia mínimas exigen a los partidos huir de la refriega electoral y asumir la gestión de la inmigración como un hecho socioeconómico muy complejo, que requiere diálogo y coordinación. Tenemos un marco constitucional y un cuerpo legal suficientes, pero un pacto de Estado para la inmigración tiene que ser una realidad política inmediata como herramienta para la integración social y contra el racismo, y para mantener la democracia española en los niveles de calidad alcanzados con tanto esfuerzo a partir de 1978.