No por esperado, el súbito anuncio de la privatización de Cetarsa supone menor trastorno para el sector tabaquero extremeño. De hecho, el retraso en la toma de la decisión hasta después de las elecciones responde a un calculado juego de intereses para dar por finiquitada la presencia del sector público en Extremadura con el menor daño colateral posible. Es de sobra conocida la repercusión que una privatización sin acompañamiento de medidas adicionales puede acarrear para todo un sector productivo del que dependen indirectamente unas 10.000 familias y comarcas enteras.
Pero lo realmente desconcertante en este asunto está ahora en las formas. Nos encontramos ante algo inédito dentro de lo que representa una privatización al uso en la Unión Europea. Que una compañía tenga la intención y establezca la orden de inserciones publicitarias en diversos medios invitando a los posibles compradores a presentar ofertas, cuando lo general es que este tipo de operaciones se realice a través de bancos de negocios, es algo que solamente puede responder a dos motivos: ni hay comprador visible ni se le espera o bien se trata del arranque de una subasta a la desesperada ante el incierto futuro del sector tabaquero en Europa. Ojalá no sea así.
