En la Europa de nuestros días, cuna del Derecho, es inconcebible que las fronteras interiores permitan dar cobijo a prófugos de la justicia con total impunidad porque todavía no tenemos consolidado un espacio judicial y policial común. El sueño europeo de libertad y justicia percibe con tristeza cómo las estructuras europeas, articuladas sobre cimientos preferentemente nacionales, no son capaces de dar respuesta a las necesidades judiciales de los Estados miembros.
La crisis gubernamental alemana y el brexit están haciendo languidecer el proyecto de construcción europea. La ausencia de líderes que reactiven las políticas comunitarias parece indicar que Europa ha entrado en vía muerta. En la Unión Europea solo importan los resultados económicos. Se ha olvidado que es un proyecto político y social; una comunidad de personas que aspiran a convivir pacíficamente de una forma más próspera y solidaria. Se han mantenido a ultranza las políticas monetaristas y se ha lastrado al pueblo llano con recortes y ajustes. Se ha resuelto la crisis bancaria y, en cambio, no se ha prestado demasiada atención a la lacra del desempleo, sobre todo el que afecta a los jóvenes. Esta ausencia de políticas sociales produce cierta desafección de la idea de Europa y, como consecuencia, los populismos y nacionalismos xenófobos y excluyentes campan por doquier. Cataluña no es el único caso. Tenemos a Córcega y a los flamencos belgas. Hasta las inhóspitas Groenlandia e Islas Feroe sufren brotes independentistas.
En la Unión Europea siempre se han priorizado las cuestiones financieras frente a las sociales. Los tratados iniciales de la CEE no incluyeron ninguna disposición sobre asuntos de justicia e interior. Solo el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se refería a la necesidad de simplificar la cooperación judicial en el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. Pero, salvo en el ámbito del derecho privado, poco se ha logrado a lo largo de estos años.
La frustrada Constitución europea sí preveía crear un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores (art. 3). La no ratificación de este texto constitucional cercenó las esperanzas de alcanzar una Unión más solidaria y federal. La firma del Tratado de Lisboa en 2007 puso fin al impasse surgido a raíz del fracaso de la Constitución. En Lisboa, sin embargo, se potenció el poder estatal frente al comunitario en materia de cooperación judicial.
Como dato positivo, no obstante, debemos apuntar que el Tratado de Lisboa pretendió primar el papel del Eurojust, que es el órgano de la UE encargado de reforzar la cooperación judicial entre los países miembros, si bien carece de facultades reglamentarias y ejecutivas. Este tratado también autorizó a crear una Fiscalía europea, pero las disensiones internas han impedido avanzar en su creación.
Es cierto que hemos alcanzado un espacio común de Derecho que nos proporciona certidumbre y seguridad jurídica, pero también es cierto que el sueño europeo de libertad e igualdad choca con los ruines intereses nacionalistas. Hay que recordar a ciertos mandatarios que la única salida a la actual crisis europea está en el fortalecimiento del proyecto común.
Se echa en falta un espacio judicial supraestatal. Hay que lograr que aumenten la compatibilidad y la convergencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Lo que estamos viviendo con prófugos atrincherados en un espacio común no se parece en nada a la Europa que soñaron sus fundadores. Más Europa y menos nacionalismos.
