XExn ningún Estado de la UE concurren tal número y variedad de partidos nacionalistas como en España, con un poder regional y una influencia en la política nacional sin precedentes ni comparación. En el ámbito autonómico, la normalidad , o mejor normalización , es que gobiernen en el País Vasco, Cataluña y Canarias y puedan ser socios de gobierno en Galicia y Baleares. También es previsible que crezcan los brotes de Aragón, Valencia y Andalucía. Para referirse a esta pluralidad nacionalista se utiliza la denominación España nación de naciones , que tampoco tiene precedente ni punto de comparación. No se trata, sin embargo, de una cuestión nominalista. La autoproclamación de su territorio como nación es un gran triunfo para el nacionalismo, y puede valer la expresión transaccional nación de otra nación .

Los partidos nacionalistas generan sus recursos políticos creando y ahondando en diferencias históricas, culturales o geográficas. Su discurso es un discurso de diferencias, brillantemente criticado en el Manifest firmado por Albert Boadella y compañía, dirigido a los catalanes pero extrapolable a otras comunidades autónomas.

El orden simbólico, donde ocupa un lugar destacado la palabra nación, y los sentimientos de pertenencia y exclusión se transforman en causas políticas. De este modo, las fuerzas nacionalistas catalanas han avanzado mucho en lo que parece su objetivo para esta legislatura: un nuevo estatuto con una financiación más justa para Cataluña. Creen que las regiones pobres ya han mejorado lo suficiente y, por tanto, hay que replantearse la solidaridad entre territorios, que no debe ser ilimitada en el tiempo. A su juicio, ya ha llegado el momento de empezar a recortar su aportación y ponerla fin o, al menos, límite de alguna manera. Aunque los nacionalistas catalanes reconocen que las autonomías vasca y navarra contribuyen poco a la financiación del Estado, en sus propuestas no cuestionan ni el concierto ni el cupo. Los derechos históricos del País Vasco y Navarra parece que han dejado de serlo para convertirse en eternos. Por consiguiente, el ajuste debería hacerse entre las restantes quince comunidades autónomas.

Al involucrar al conjunto de las autonomías, o por lo menos a quince, el conflicto de intereses se traslada al Parlamento español. Pero, como decíamos al principio, los nacionalistas tienen gran influencia en el ámbito de las decisiones nacionales. De partidos nacionalitas salen los apoyos del Gobierno cuando no se dan mayorías absolutas, el caso actual y más frecuente. Así, el conflicto sobre la financiación autonómica se hace todavía más complejo al depender de condiciones impuestas por estos partidos, que se orientan hacia su propio electorado territorial y están dispuestos a superar los límites constitucionales en beneficio de sus intereses.

En éste, como en otros asuntos, no será fácil separar la decisión que el Gobierno considere adecuada de aquellas decisiones que resultan de concesiones obligadas a los pequeños partidos nacionalistas. Una vez más, la responsabilidad del Gobierno no quedará clara. Para los nacionalistas es más simple. Todo lo que consigan lo apuntarán en su haber y lo que no consigan quedará como una deuda del Gobierno español con su territorio.

Cuando se llega a un grado alto de complejidad en el proceso de toma de decisiones y en su contenido se habla de ingeniería política , que también alude a fallos de comunicación entre los electores y sus representantes o a falta de participación democrática. Como consecuencia, los ciudadanos pierden capacidad para juzgar al Gobierno cuando voten en futuras elecciones generales o consultas de ámbito nacional. Incluso a los especialistas les cuesta comprender estas obras de ingeniería. Sin abusar del paralelismo con los referendos sobre la Constitución europea en Francia y en Holanda, tengamos presente que lo más difícil es gestionar el no una vez que se ha expresado en las urnas.

*Economista