La muerte de siete agentes de los servicios secretos en una emboscada en Irak es un duro golpe para España, y especialmente para sus familiares y compañeros, que merecen toda nuestra solidaridad. Entendemos que los muertos son profesionales que cumplían órdenes y que son acreedores de total respeto.

Pero lo ocurrido replantea la necesidad, urgente, de debatir de verdad la participación española en las fuerzas de ocupación, ese debate que el Gobierno se niega a efectuar con claridad y sin artificios. Es el momento de hacerlo. Porque el contexto resulta cada vez más dramático. No es la ONU quien lleva las riendas de lo que se hace en Irak. Incluso el apoyo de la opinión pública norteamericana a la ocupación se resquebraja ante la desastrosa posguerra. Y los principales países de Europa, que son como España, evitan que sus militares arriesguen la vida al servicio de la aventura de Bush para controlar el petróleo de la zona y respaldar los negocios de esa llamada reconstrucción que ha concedido a las grandes compañías estadounidenses que le son afines.

En ese panorama, ¿qué hacemos nosotros ahí, contra la opinión mayoritaria de la población española y de todas las fuerzas políticas con la excepción del Partido Popular?