Cumplidos 25 años de la implantación del AVE con la línea Madrid-Sevilla (posiblemente el mayor «pelotazo» político de la historia reciente del país) y los 40, más o menos, de la llegada de la Democracia, nos encontramos con que lo único que ha quedado claro (según estamos viendo estos días) es que se ha producido el mayor saqueo de las arcas del Estado conocido en los anales de la historia de cualquier país europeo.

A la ciudadanía se ha metido en la mollera, con las argucias propias del filibusterismo más descarado, que había una crisis cuando la realidad es que lo que había era un puro y duro desfalco institucional. El Estado de Derecho convertido en un guiñapo de administraciones paralelas en todas sus comunidades para el reclutamiento clientelar y poder tener vía libre al despilfarro y la corrupción. Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña (sin olvidarse de Extremadura, Asturias y algunas regiones más donde también se han cocido «habas» en grandes «cacerolas») se alzan con el título Alibabá del desvalijamiento Público. Pero hacía falta que la Justicia, uno de los pilares del Estado, estuviera acorde con las circunstancias y dejara el camino libre a la política, ya que, el poder Legislativo estaba controlado por la ley electoral (15 o 20 legislando y el resto --más de 300-- para pulsar el botón por un salario con el que jamás habían soñado). Así, nadie duda que la Justicia está echando una buena mano, quizás sin pretenderlo en la mayor parte de los casos, a la desproporcionada cantidad de delincuentes políticos (y empresariales conniventes con los políticos) con su lentitud y, sobre todo, con la humillante desconsideración a que se obliga a una gran parte de Jueces y Fiscales desde las altas esferas, tras la consabida politización judicial llevada a cabo por todos los gobiernos «democráticos», impidiendo, desde el primer día de la instauración de la democracia, cualquier signo de independencia judicial. Poco presupuesto (¿no es el ministerio que cuenta con menos fondos?) y menor número de jueces por cada mil habitantes de todos los países desarrollados da lugar a que no hay un solo político de cualquier signo que se salve de alguna imputación (y si existe es porque no se le ha investigado todavía) por cualquiera de los delitos más comunes del Código Penal.

Los miles y miles de millones de euros «desaparecidos ocupan páginas enteras de los periódicos. El político que esté libre de no haber «afanado algo», ¡que tire la primera piedra!