Hubo un tiempo en que el parlamento y el gobiernos de cada país europeo decidían su política fiscal, ejecutaban sus programas de gobierno y marcaban las líneas maestras del estado del bienestar, haciendo planes de pago de su deuda en términos razonables, como hacen las economías domésticas para aplazar pagos o comprar a plazos. Eran países soberanos.

Nadie hubiera pensado hace años que la canciller de Alemania le iba a señalar a España sus deberes y le podría llegar a poner condiciones como la bajada de sueldos y la reforma de las pensiones para hacer viable nuestra economía.

Estábamos acostumbrados a que el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales llevaran a cabo exigencias de ajustes duros en los países del Tercer Mundo --a los que la exquisita semántica ortodoxa del neoliberalismo llama ahora "emergentes"-- con los consiguientes padecimientos de sus poblaciones y el fortalecimiento económico de sus clases dirigentes.

Ahora Alemania, que ha pasado de ser impulsor de la Unión Europea a vigilante de la ortodoxia del neoliberalismo, nos marca las pautas de la política económica para que el precio de la deuda y los fondos de rescate garanticen la viabilidad de nuestro sistema.

No se puede vivir sin la Unión Europea y al mismo tiempo da la sensación de que la Unión Europea nos está matando. Es cierto que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad en haber permitido la burbuja inmobiliaria que enriqueció y fue impulsada por los bancos y los constructores y promotores. Construimos una España artificial bajo las soflamas de "España va bien" de José María Aznar y de "Hemos pasado a Italia en PIB y ahora vamos a por Francia" de José Luis Rodríguez Zapatero . Los sucesivos gobiernos de España son responsables de los cuatro millones de parados por haber centrado la economía en el ladrillo, pero ahora no podemos asistir sin reaccionar a que la señora Merkel nos dicte los deberes y convierta nuestra soberanía en vigilada . La reacción contra la legitimidad de las instituciones y contra la Unión Europea puede acabar en revuelta social.