Si alguien pensaba que Esperanza Aguirre iba a dar un respiro a Rajoy tras el congreso de Valencia, se equivocaba. La presidenta de Madrid ha decidido mantener la tensión interna en su partido y ha forzado una crisis en su Gobierno regional que les ha costado el puesto a los dos consejeros que han accedido a la nueva dirección del PP. Manuel Lamela y Alfredo Prada dejan sus puestos al frente de los departamentos de Infraestructuras y Justicia, respectivamente, no por mala gestión, sino por un delito no confesado de deslealtad con su jefa. La presidenta madrileña ha querido compensar su derrota en Valencia, donde trató sin éxito de colocar a dos de sus peones, con un gesto que la consagra como baronesa del principal feudo de los populares y como opositora número uno de la actual dirección.
El argumento esgrimido por Aguirre para justificar la remodelación es el ahorro del gasto en tiempos de crisis. Así, salen cinco consejeros y entran solo dos, lo que reduce los puestos en el Gabinete, de 15 a 12 departamentos. Es una intención loable, pero solo los incautos pueden pensar que ese ahorro --escasamente significativo en unos presupuestos como los de Madrid-- es el que ha guiado a la presidenta. Más bien parece que Aguirre ha utilizado su poder institucional para atrincherarse frente a la nueva dirección nacional del partido.
La escaramuza indica que Rajoy, cuya imagen de líder ha salido reforzada de Valencia y que ha empezado con cierto éxito a hacer oposición a Zapatero en el terreno de la economía, no va a tener un inicio tranquilo de su segundo mandato en el PP.
