WAw yer entró en vigor el nuevo Estatut, ratificado por los catalanes el 18 de junio al final de un largo proceso de discusión y aprobación en las Cortes. Se trata de la herencia política que el presidente saliente, Pasqual Maragall, lega a su sucesor en la Generalitat, que deberá traducirlo en hechos concretos mediante el correspondiente desarrollo legislativo y las transferencias que deberá acordar con la Administración central. Y es, también, la norma básica que determinará el desarrollo del autogobierno de Cataluña durante una generación.

Todas las fuerzas políticas que inicialmente apoyaron la redacción de un nuevo Estatut han dejado su huella en él, incluso ERC, que al final pidió el no en el referendo. Para todas ellas, incluidas las que llevaron el peso de la aprobación --PSC, CiU e ICV--, el proceso entrañó costes políticos, pero la tranquilidad tras la tormenta con la que ha sido aceptado el texto ha subrayado la inutilidad de los esfuerzos del Partido Popular para desacreditarlo, vaticinar la ruptura del Estado y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

La utilidad del nuevo Estatut puede ponerse de manifiesto enseguida, sobre todo porque, en parte, puede servir de guía a otras autonomías españolas que pudieran optar a tenerlo como texto de referencia y demostrar así que nada corre riesgo de romperse, sino que el Estatut es el punto de partida de la España plural.