XAxrtículo 6 . "Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Extremadura, propiciando el pleno empleo y la especial garantía de puestos de trabajo para los jóvenes extremeños. La realización de una reforma agraria, entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias en cuanto elemento esencial para una política de desarrollo, fomento del empleo y corrección de desequilibrios territoriales dentro de Extremadura".
No, no es una cita de un programa electoral, ni de un discurso donde un candidato se compromete "a hacer y desarrollar esto si le otorgan la confianza", ni siquiera es un fragmento de una proposición que espere en los archivos de la Asamblea para ser debatida. Es, eso sí, una declaración solemne que mandara a las instituciones de la comunidad autónoma a ejercer sus poderes a favor de un objetivo: pleno empleo, dignidad para nuestros jóvenes y reforma agraria.
El artículo seis del Estatuto de Autonomía de Extremadura es un breve compendio de buenas intenciones y a la vez de recordatorio de las asignaturas pendientes que aún tenemos desde el 25 de febrero de 1983, fecha de su aprobación.
Aún cuando en los últimos 25 años nuestra región ha progresado, lo cierto es que los índices de bienestar social siguen situándonos a la cola del resto de las comunidades: no hay pleno empleo en Extremadura, que el 97% de los nuevos contratos que se realizan en Extremadura correspondan a contratos temporales dibujan un mercado laboral donde la precariedad campea y, lo que es peor, a una juventud extremeña que únicamente tiene acceso a empleos mal pagados y en pésimas condiciones. No estamos hablando de que un joven encuentre trabajo durante, digamos, seis meses, sino que cada seis meses se le renueve el contrato para impedir que adquiera antigüedad; no estamos hablando del despido de obreros el 15 de diciembre y su contratación el 15 de enero en la misma obra (por ejemplo, la autovía que se está construyendo entre Mérida y Cáceres), sino de una práctica que busca sustraerles la paga extra de Navidad y el ahorro en Seguridad Social para la empresa. Más del 50% del profesorado de la Universidad no tiene plaza fija, los interinos siguen exigiendo mecanismos para su progresiva funcionarización y en la administración pública el personal laboral supera, y con creces, al personal funcionario. La precariedad laboral, la antítesis del pleno empleo que consagra como principio nuestro Estatuto de Autonomía y la propia Constitución de 1978, es la nota dominante desde los últimos 15 años, agudizada tras las reformas laborales de 1994 y 1996.
Reforma agraria: dudo mucho que la modificación estructural de la Política Agraria Común de la UE aprobada recientemente, y aceptada por el gobierno central del PSOE, contribuya a eliminar los desequilibrios territoriales o fomentar nuevos puestos de trabajo, entre otras cosas porque pone las bases para un lucha entre comunidades por el reparto de los fondos o asigna las ayudas europeas en función de lo cultivado en el pasado... Quien se incorpora por primera vez a la agricultura no puede tener pasado. Las reformas de las OCM del tabaco, del aceite, del algodón, del arroz y las que están por venir auguran malos tiempos para el cultivo mediterráneo.
No es extraño que 3.000 licenciados universitarios emigren al año a otras regiones, o que 18.000 albañiles viajen de lunes a viernes a Madrid, Málaga, Huelva... para trabajar; que la emigración del campo a la ciudad no se frene, o que los jóvenes vean con escaso optimismo sus posibilidades laborales en Extremadura. Lo que si es sorprendente es que nuestra clase política ponga el grito en el cielo cuando alguien desliza la palabra "reformar el estatuto o la constitución" y callen ante la conculcación diaria de sus artículos sociales. El Estatuto y la Constitución no se cumplen, y no se cumplen por los propios gobiernos que han convertido estas normas humanas en palabra divina, en leyes intocables e inmodificables y con amenaza de excomunión para quienes duden de su efectividad.
¡Si! Yo apuesto por reformar el Estatuto y la Constitución. Por ejemplo, para incluir el derecho de revocación de un gobierno por el pueblo si éste considera que incumple su programa; para consagrar la participación democrática y diaria de la ciudadanía; para dotar de mayor capacidad financiera a los municipios; para impedir el uso y abuso del poder e incluso para establecer penas económicas o de incompatibilidad para aquellos gobiernos que manifiestamente incumplan los derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y nuestro Estatuto.
*Coordinador general de
IU-Extremadura
