Causa escalofríos pensar que ETA ha estado cerca de provocar una conmoción similar a la del verano de 1997, cuando fue secuestrado y asesinado el concejal del PP Miguel Angel Blanco. El comando Vizcaya, desmantelado esta semana, había hecho todos los preparativos para atrapar al concejal socialista de Eibar Benjamín Atutxa, presumiblemente para lanzar otro ultimátum al Estado democrático bajo la amenaza de muerte de un representante del pueblo. La tantas veces elogiada eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido en este caso providencial. Los etarras tenían dispuestos todos los detalles --incluidas inyecciones de calmantes-- para el secuestro del concejal, así como explosivos y armas para otras acciones criminales. Así lo demuestra el material hallado en los tres escondites descubiertos por la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska también era objetivo del comando.
Pero, frente al espanto por los funestos planes de unos terroristas tan novatos como sanguinarios, debemos celebrar que el Estado de derecho sigue asestando golpes cada vez más incontestables por ETA. El viernes era detenido en Francia Asier Eceiza, considerado el máximo colaborador de Txeroki, el jefe de los comandos operativos de la organización terrorista y tal vez el etarra más buscado. La estrecha colaboración entre las policías de España y Francia está dejando sin oxígeno a los etarras, justo en el momento en que se recupera la unión del PSOE y el PP en política antiterrorista. ETA dejó pasar una oportunidad irrepetible de firmar con el Estado el final de la violencia. Ahora solo le queda ir muriendo golpe a golpe.
