El hecho de que solo hayan transcurrido 21 días entre la detención de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y la de Aitzol Iriondo, considerado el relevo del anterior como máximo responsable de ETA, habla por sí solo de las dificultades que atraviesa la banda terrorista por la presión a la que se ve sometida por las fuerzas de seguridad españolas y francesas.

Las detenciones de Iriondo y de otros dos militantes etarras se produjo ayer en Gerde (sur de Francia), no muy lejos de donde fue arrestado Txeroki el pasado 17 de noviembre. También esa cercanía geográfica indica que el despliegue de ETA en Francia es ahora mismo muy limitado.

Pero, dicho esto, y como se insiste desde la prensa responsable cada vez que se produce la caída de la cúpula etarra o de algún terrorista especialmente importante dentro de la organización, conviene no olvidar que ETA tiene todavía capacidad de hacer mucho daño.

Así lo demostró el pasado miércoles asesinando a un empresario en Azpeitia o el pasado 30 de octubre al colocar un coche bomba en el campus de la Universidad de Navarra. Como una lagartija cuya cola se regenera tras un corte, ETA sigue azotando a la sociedad vasca y a la española, si bien es cierto que el tajo cada vez está más cerca de la cabeza.

Es, además, digna de mención la capacidad de los servicios de seguridad de esclarecer atentados recientes. Así, a Iriondo se le asocia con el asesinato de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno en Capbreton (Francia) el 1 de diciembre del pasado año, y a Eneko Zarrabeitia, otro de los detenidos ayer, se le considera el hombre que proporcionó el coche bomba que estalló en Legutiano el pasado 24 de mayo y en el que murió el también guardia civil Juan Manuel Piñuel.

La lucha contra la banda terrorista ETA va bien, pues, en el plano policial. Y tampoco caben críticas a los aparatos judiciales de España y Francia a la hora de sentenciar a los terroristas. Donde, por desgracia, todavía existen problemas es en el tratamiento político al combate contra el terrorismo. Pese a que el clima ha cambiado desde la legislatura anterior --la del fallido intento de Rodríguez Zapatero de alcanzar un final dialogado de la violencia--, aún subsiste la pelea partidista entre las dos grandes formaciones españolas, PSOE y PP, en la que tercian los nacionalistas democráticos vascos, sobre cómo abordar la presencia en las instituciones de alcaldes y concejales que, en su histórica ceguera, siguen sin condenar la barbarie.