TLtos hechos son demasiado tozudos como para ignorarlos. Los 16 magistrados de la sala del 61 del Tribunal Supremo le han dicho al Gobierno que tenía que haber promovido la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en vez de conformarse con solicitar la suspensión de la mitad de sus candidaturas. A partir de este dato, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Se puede hacer como que no se ha entendido la sentencia y aplaudir los actos del Gobierno o, sencillamente, pedir al presidente que explique con detalle su decisión, más allá de las grandes declaraciones de principios que tanto le gustan. Naturalmente, el PP no tiene problemas porque en cualquier caso hubiera hecho lo que viene haciendo: utilizar el terrorismo como arma política. Esa es la gran debilidad de Mariano Rajoy : muchos españoles no pueden acompañarle por sus desmesuras. La continuación de la bronca entre el PP y el Gobierno está garantizada. Al PP nada le podía haber complacido más: el Tribunal Supremo le ha facilitado un punto de apoyo para su teoría sobre la debilidad del Gobierno frente a ETA. Solo tiene que apoyarse en la resolución judicial y preguntarle al presidente del Gobierno por qué no hizo algo tan sencillo como intentar que la justicia invalidara todas las candidaturas del partido reinventado por Batasuna. Las dudas razonables casi siempre están sustentadas en la falta de convicción de los comportamientos que se juzgan. Tras el fracasado proceso de paz, después de la explosión de Barajas, ¿no le habría convenido al Gobierno una sobreactuación frente al reto y la chulería de ETA, que amenaza con atentados si no se permite a Batasuna concurrir a las elecciones? El Gobierno se atiene al principio de legalidad para justificar su estrategia, pero este soporte se quiebra con la recriminación del Supremo, que le dice claramente que el procedimiento adecuado era el alternativo al elegido. Estamos condenados a un año electoral largo y tedioso en el que la confrontación entre el PP y el Gobierno seguirá haciendo las delicias de ETA, que tiene garantizado el control de la agenda política española.