Tal como ocurrió en marzo pasado, cuando el juez Eloy Velasco procesó a 13 personas, entre ellas seis presuntos etarras, por vínculos entre ETA y las FARC con la "cooperación" del Gobierno venezolano, la confesión de dos miembros de la banda terrorista ETA de que recibieron entrenamiento en Venezuela en el año 2008 ha vuelto a poner las relaciones entre Madrid y Caracas al borde del ataque de nervios.

El Gobierno español se empleó ayer a fondo para deslindar responsabilidades para no empeorar las cosas, pero los indicios son tan inquietantes que este nuevo episodio no puede cerrarse en falso. Son ya dos jueces de la Audiencia Nacional los que relacionan estamentos oficiales venezolanos con actividades etarras.

Los presuntos miembros de ETA Javier Atristain y Juan Carlos Besance han confesado a la Guardia Civil y al juez Ismael Moreno que fueron adiestrados en Venezuela en el uso de armas y explosivos por Arturo Cubillas, reclamado por España desde 1985. Deportado a Venezuela en 1989 y casado con una venezolana, Cubillas trabaja como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras del Gobierno chavista.

Ante estas vinculaciones, no es suficiente con que el presidente venezolano Hugo Chávez declare que no son creíbles las declaraciones de "criminales sanguinarios", ni tampoco es admisible que apele a supuestas campañas de prensa contra su "revolución bolivariana", y es más intolerable todavía que el embajador de Venezuela en España dude de que los testimonios de los etarras sean "totalmente voluntarios", insinuando la práctica de torturas, aunque luego lo haya negado.

Está bien que el Gobierno intente no romper con Venezuela, y de ahí las palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recalcando que "no hay ninguna prueba" de que el Gobierno de Hugo Chávez "tuviera que ver con los entrenamientos" de los etarras. Pero lo menos que debe pedir el Gobierno es que Venezuela investigue hasta el final si Cubillas participó en los cursillos y, si fue así, exigir su expulsión del organismo oficial del que vive.

El Gobierno chavista ha mostrado su intención de llegar hasta el fondo del asunto, pero los precedentes no ayudan a creerle. Desde que Chávez llegó al poder en el año 1999, España ha pedido la extradición de un total de 21 personas, entre ellas siete miembros de ETA, y ninguna ha sido detenida ni entregada por Venezuela.