WEwste periódico daba cuenta en su edición de ayer de que en la región hay 18 empresas que exhiben la ´Etiqueta Social de Extremadura´. Sólo aquellas empresas en cuya plantilla haya un 30% de personas discapacitadas, toxicómanos en rehabilitación o mayores de 16 años que hayan estado en situación de desamparo cumplen las condiciones para llevar la citada etiqueta. Dieciocho empresas en toda Extremadura. Muy pocas. Demasiado pocas si tenemos en cuenta que el programa de la Consejería de Bienestar Social que otorga esta distinción está en vigor desde hace una década. Son datos que ponen de manifiesto mejor que muchas denuncias la escasa importancia que se da a las personas discapacitadas como trabajadoras. La sociedad española --y en esto la extremeña no es una excepción-- no tiene resuelto el problema de la integración laboral de estos colectivos. Y ello se demuestra reparando en que no se cumplen las leyes que establecen una reserva de plazas de un 2% para personas con discapacidad en todas las empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores. Y no es un problema que haya que achacar a la Administración, sino a la sociedad, al tejido empresarial. Es que sencillamente no hay conciencia. Todavía los prejuicios se imponen a la realidad.
