El Gobierno amenaza ahora hasta con cinco años de cárcel al lendakari Juan José Ibarretxe si convoca un referendo sobre su plan soberanista. La misma pena le esperaría también al presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, por financiar al grupo heredero de Batasuna. Para ello, el Ejecutivo ha improvisado dos nuevos delitos en el Código Penal. Los introducirá de rondón en el Senado, limitando así al mínimo el debate parlamentario. Y lo ha hecho sin negociar con el PSOE, poniendo en cuestión el pacto antiterrorista.
El Gobierno del PP ha respondido al desafío a la legalidad de Ibarretxe con una estrategia de enfrentamiento total que dispara la crispación en el País Vasco y sitúa al PSOE ante un chantaje permanente: acatar los hechos consumados o ser considerado un traidor de lesa patria. Aznar podría hacer política: asumir el debate, votar contra la propuesta de Ibarretxe, junto con el PSOE, y llevarla a los tribunales si es aprobada. Pero ha preferido la persecución penal al debate democrático. Aznar dice que le preocupa la cohesión y la estabilidad del Estado. Pero actúa como si sólo le interesase que su sucesor gane las próximas elecciones cabalgando sobre un discurso excluyente y amenazador.
