La legislación ambiental española establece la posibilidad de que el promotor de un proyecto, que tenga que someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, solicite al órgano ambiental competente su opinión sobre el alcance específico que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental. Igualmente, la normativa en vigor, permite a la administración que recibe la solicitud del promotor, consultar a personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas o interesadas por el proyecto sobre el impacto ambiental que consideren producirá el mismo y para que efectúen las indicaciones o propuestas que consideren beneficiosas para el medioambiente y convenientes para su inclusión en el Estudio de Impacto Ambiental. De esta forma, el promotor, si quiere, puede conocer, a priori, los aspectos más significativos que, a juicio de la administración evaluadora, debe tener en cuenta en la realización del Estudio, así como los argumentos que los posibles opositores al proyecto utilizarán más tarde, en el proceso de información pública, a la hora de formular alegaciones.
Acogiéndose a esta opción voluntaria que la normativa le ofrece, la sociedad Refinería Balboa, del Grupo Gallardo, estableció un primer contacto oficial con el Ministerio de Medio Ambiente, mediante la remisión de la Memoria Resumen del proyecto de refinería de petróleo que dicha empresa pretende construir en el término municipal de Los Santos de Maimona. En estos momentos, tras la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente que tanta polvareda ha levantado en los últimos días, los promotores del proyecto disponen de la información necesaria para que el Estudio de Impacto Ambiental, que tienen que elaborar y presentar para su evaluación, tenga el alcance y nivel de detalle necesario, así como para que dé respuesta a los requerimientos ambientales de los consultados, cuyos criterios el ministerio también les ha remitido. En resumen, el ministerio no ha hecho otra cosa que facilitar al promotor la labor de realización del Estudio de Impacto Ambiental, razón por la cual, posiblemente, el promotor, bien asesorado, no ha arremetido contra Cristina Narbona , como, erróneamente desde mi punto de vista, ha hecho el presidente de la Junta.
También se ha dicho que el ministerio, al establecer la amplitud y nivel de detalle que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental, ha sido mucho más exigente con el proyecto extremeño que con otros proyectos similares, concretamente con el que se tramita en Cartagena.
En mi opinión esto es discutible, ya que el ministerio lo que hace es tener en cuenta las principales diferencias entre uno y otro proyecto y que, básicamente son tres: el entorno socioeconómico, completamente diferente y más afectado en Extremadura; las infraestructuras asociadas, de mucha más importancia y previsible impacto en el proyecto extremeño y, finalmente, la opinión pública, con un potente movimiento ciudadano opositor en Extremadura, que, seguramente, ha llevado al ministerio a realizar un proceso de consulta más amplio. En cualquier caso, como el Ministerio de Medio Ambiente, haciendo gala de una transparencia encomiable y elogiable, permite el acceso a través de su web (www.mma.es ) a toda la información referente a ambos proyectos, remito a los interesados en la polémica a conocer y comparar los criterios del ministerio ante ambos proyectos, la mayor parte de los cuales son coincidentes.
Hace unos días, el presidente de la Junta, en Montánchez, y con relación a la posible instalación de parques eólicos en aquel entorno, dijo algo que, aplicado al proyecto de refinería, suscribo totalmente: "Aceptar un proyecto por los intereses de un empresario, o rechazarlo porque alguien levanta la mano y dice que no, sería arbitrario, por lo que procede es dejar trabajar a los técnicos y aplicar la ley".
Aunque creo que sacar la refinería del debate político sería bueno, reconozco que pedirlo ahora resulta ingenuo, cuando, por ejemplo, el presidente del PP dice cosas como que en Villafranca de los Barros las elecciones municipales serán un referéndum sobre la refinería (sin caer en la cuenta de que, si esto fuera así, puede ganar el referéndum y perder la alcaldía, por el reparto del voto del no). A pesar de todo, y puesto que antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales no habrá finalizado el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto, confío en que, pasadas las elecciones e iniciados los Nuevos Tiempos , las cosas vuelvan al cauce del que nunca deberían haber salido: Que la empresa promotora presente su Estudio de Impacto Ambiental, en el que refleje las medidas correctoras que propone para minimizar y corregir los impactos producidos tanto por la refinería como por las importantes infraestructuras asociadas que el proyecto requiere (oleoducto, poliducto, gasoducto, etcétera); que los opositores al proyecto y todas las personas y entidades interesadas, aleguen en el proceso de información pública lo que estimen conveniente, incluida la razonada y razonable oposición a la instalación de la refinería; y que, finalmente, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, sin presión política, evalúen con el rigor científico exigible el proyecto, y emitan la oportuna Declaración Ambiental, favorable o desfavorable, --espero y deseo--, en función de los impactos ambientales que produzca y no en función de los intereses económicos de los promotores o de la capacidad de presión que tengan los detractores o defensores del proyecto.
*Director de la Consultora Depaex
