EXAMENES DE SEPTIEMBRE

Siempre me he preguntado por las razones que hacen que personas de características sociológicas muy semejantes se inclinen por opciones políticas diferentes. ¿Por qué fulanito vota al PSOE, pongamos por caso, y zutanito al PP si ambos comparten origen social, profesión e intereses? ¿Son de verdad tan distintas como pudiera parecer sus formas de pensar? En el terreno de la educación, por ejemplo, las discrepancias son mucho más fuertes entre las administraciones, según sea su color político, que entre el profesorado. La mayor parte de los docentes, como supongo ocurrirá también con los alumnos y sus padres, lo que desean es una educación de calidad, que forme ciudadanos cada vez más libres y que dé a todos una auténtica igualdad de oportunidades. ¿Por qué entonces esas discrepancias, esas zancadillas, podríamos decir, entre los responsables educativos ministeriales y algunos autonómicos? ¿Razones objetivas o motivos partidistas?

En estos días empiezan a aplicarse las primeras normas surgidas de la Ley de Calidad, aprobada por el Gobierno central hace más de un año. En Extremadura, como en otros lugares, hay que elaborar ciertas disposiciones que la desarrollen. ¿Qué deseará el ciudadano normal y corriente, con criterio propio que no se pliegue fácilmente a consignas de uno u otro signo?

Pues supongo que lo que he dicho antes: Que si unas normas se han mostrado equivocadas, como creo honradamente que ha ocurrido con algunas de las hasta ahora vigentes en el terreno educativo, y otras pretenden corregir esos errores, las administraciones autonómicas las reciban sin reticencias y no pongan palos en la rueda de un carro que a todos interesa que llegue a buen destino. Entre los asuntos que la Ley de Calidad deja en manos de las autoridades regionales se incluye la organización de los exámenes extraordinarios para los estudiantes de Secundaria que no superen una o más materias en el período normal del curso. Se trata de una cuestión importante, pues la supresión de tales exámenes ha producido lamentables consecuencias en los últimos años, al favorecer que muchos estudiantes accedieran de un curso al siguiente sin los mínimos conocimientos deseables. Pues bien, a muchos profesores nos gustaría que la Consejería de Educación, cuya buena intención nadie pone en duda, antes de tomar una decisión al respecto contara con el criterio de quienes pudieran dar una opinión sobre ello más fundada que la de ocasionales asistentes a las aulas, en visita oficial. Y que supiera que sería un error el que esas pruebas, por razones que difícilmente tendrían que ver con las auténticas necesidades de los alumnos, se realizaran a poco de finalizar el curso. No tiene mucha lógica pensar que un chaval que llega al mes de junio con graves deficiencias en materias básicas pueda, al cabo de sólo unos días, solventar milagrosamente esas carencias. Désele más tiempo para su mejoría, contémplese incluso la obligación de que aporte materiales que muestren su progreso estival, y realícense los exámenes de recuperación en septiembre, como sucede en el bachillerato y en la universidad. Y, sobre todo, actúese aceptando la buena fe de quienes opinan de esta manera y recordando que sería un esfuerzo baldío aquel que pretendiera descubrir un Mediterráneo que, también en el terreno educativo, fue descubierto hace ya algún tiempo.