La sorpresa informativa saltó ayer en el último pleno del año, el de los presupuestos. El guante para la creación de una Agencia Tributaria propia sugerida por Rodríguez Ibarra en el debate, fue rápidamente recogido por su consejero de Hacienda en un hábil planteamiento dialéctico que sin duda sorprendió a la oposición popular. El escenario autonómico actual, por complicado que pueda parecer en un análisis epidérmico tras las elecciones catalanas, sigue las pautas del mismo modelo que se pactó en la propia Constitución. La diferencia, obvia en clave política, no es otra que el vuelco al signo de la Generalitat. Pero es que, al mismo tiempo, Chaves en Andalucía (también plantea crear un fisco propio) y el propio Fraga en Galicia exigen revisiones de sus estatutos desde esferas políticas diametralmente opuestas.

Pero más allá de lo sonoro que pueda resultar la iniciativa planteada ayer, ¿no es cierto que Extremadura tiene en sus manos desde hace dos años la gestión de más de un 30% del IRPF, según un modelo de financiación autonómica que todavía nadie ha tocado? ¿Acaso no hay tasas y tributos propios que, como en otras comunidades, se pagan y recaudan aquí? ¿Resulta tan extraño entonces que sea un propio cuerpo de inspectores extremeños quien realice esas labores?