XTxras las elecciones del pasado 14 de marzo, crece la presión de los variopintos partidos nacionalistas para cumplir sus expectativas de sentirse cómodos o libremente asociados con el Estado español. Este "pensamiento periférico", con sus variantes, es un pensamiento nacionalista o de origen nacionalista. Para no enredarnos en las denominaciones, entendemos por nacionalismo la actividad política organizada cuyo sujeto es un pueblo oprimido, humillado o no suficientemente reconocido por un poder externo, del que se tiene que liberar. Los nacionalistas cultivan la creencia de pertenecer a ese pueblo, pertenencia que consideran el valor supremo, haciendo caso omiso de su carácter mítico o ahistórico. Los nacionalismos tienen por objeto alcanzar una nación soberana que les libere de los agravios y la opresión. Al poder externo opresor se le denomina Madrid. Curiosamente coincide con el nombre de una ciudad que es símbolo y realidad de sociedad abierta y cosmopolita.

El pensamiento nacionalista, entre otras capacidades no demostrables, se arroga conocer mejor que nadie los deseos y aspiraciones de sus comunidades, que difusamente se identifican con las comunidades autónomas, como etapa histórica a superar cuanto antes por agotada. Es un conocimiento a priori, que no se somete a lo que las personas individualmente puedan argumentar y así está blindado ante cualquier verificación o refutación racional.

Aunque todo esto ya estaba presente, el 14-M marca un antes y un después. Coincidiendo con el cambio de gobierno, hemos pasado en pocos días de prioridades de naturaleza económica a prioridades de naturaleza política, de política con mayúsculas se dice, en esta alternancia característica de los sistemas democráticos. Pero una prioridad política no va separada de efectos sobre la economía, y viceversa. Para no desviarnos por esencias nacionalistas, hechos atávicos o diferenciales, la reflexión política sobre España desde la periferia debería integrar consideraciones económicas, en clave de solidaridad financiera territorial.

En España, Extremadura es la comunidad autónoma que más se beneficia de las políticas redistributivas. Mientras el PIB per cápita regional es el 6,5% de la media nacional, la renta disponible bruta per cápita es el 74,1% de la media, variable que mide mejor la capacidad adquisitiva (datos INE 2001). Así, Extremadura se ve favorecida por el efecto redistributivo de transferencias corrientes que reducen 8,6 puntos la distancia con la media española. Pero la convergencia en el bienestar de los españoles pasa a segundo plano ante la prioridad política de revisar a fondo el nuevo sistema de financiación autonómica (aprobado hace menos de tres años). El análisis sobre los límites y características de las políticas redistributivas, en favor de los ciudadanos, se solapa y se mezcla con conceptos como "balanza fiscal" o "cupos" territoriales, en función de los cuales se clasifica a las comunidades autónomas en acreedoras y deudoras, lo que a su vez podría corregirse con las subbalanzas de pensiones, de prestaciones por desempleo o de fondos procedentes del presupuesto comunitario. Es de esperar que las comunidades acreedoras reclamen una abultada "deuda", como consecuencia de sus propias autoliquidaciones y propongan invertir la redistribución a su favor.

Con el 2,6% de la población y el 1,7% del PIB, sobre el total nacional, Extremadura, aisladamente, está en posición de debilidad. Se fortalecerá, por supuesto, con tasas de crecimiento y mejoras de la productividad que permitan converger con la media nacional y europea, tanto en producción como en renta por habitante. Mientras tanto, un gobierno español fuerte es el principal garante de que la solidaridad sea efectiva, tanto desde España como desde la Unión Europea.

*Economista