Cuando aún resuenan en la memoria los ecos de las palabras que el vicepresidente segundo del Gobierno pronunció respecto a la economía, y las cifras macro saludan al nuevo año, teñidas de rojo, los habitantes de algunas comunidades autónomas vivimos sumergidos en la zozobra, ante la evidencia de que van a plasmarse en magnitudes contables los resultados de la bilateralidad mantenida por Rodríguez Zapatero con los presidentes autonómicos, lo que unido a las consecuencias de las reformas estatutarias, a la publicación de las balanzas fiscales y a la presión ejercida sobre un Gobierno al que los nacionalistas amenazaron con devolverle a los corrales los Presupuestos Generales del Estado, pudiera dar como resultado final un cóctel explosivo de impredecibles consecuencias. En la reunión que, en fecha próxima, celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se desvelará el secreto y la verdad resplandecerá desnuda ante el horizonte inquebrantable de los ojos.

Porque frente a tanta parafernalia y a tanta añagaza identitaria, se alzan las voces de aquellos que no consideran necesaria la revisión del actual modelo de financiación autonómica, ya que ven en esta reforma una conquista más del nacionalismo periférico en su pretensión de ir aflojando las bisagras del Estado, donde el hecho diferencial es utilizado como una coartada para subordinar los intereses generales, contribuyendo a crear un Estado cada vez más residual, más asimétrico, más débil y más alejado de esa política común y homogénea que ha servido a lo largo de las últimas décadas como base para garantizar el equilibrio, la cohesión y de desarrollo de los diferentes territorios.

XAL SER LAx financiación una política de Estado, cualquier reforma del modelo autonómico debe pasar inevitablemente por el Parlamento, lugar donde reside la soberanía popular, y donde deberían establecerse unos acuerdos de carácter general válidos para todo el territorio y que sirvieran como base para las futuras negociaciones. Lo que no procede es tomar las exigencias de los diferentes estatutos como punto de partida y como referentes, y a partir de ellas y de las reivindicaciones de los diferentes presidentes, pretender estructurar un marco que respete y garantice la solidaridad, porque estamos hablando de una guerra de intereses encontrados, que se sustancia en la forma de redistribuir unos recursos concretos, de administrarlos y dosificarlos en función de unas prioridades, desdeñando cualquier tipo de presión o de consideración particularista.

Las autonomías, creadas para satisfacer las necesidades de autogobierno y atender las peculiaridades de los diferentes territorios, se están convirtiendo en unas estructuras de poder paralelo, donde se duplican innecesariamente los servicios y los recursos, como si su fin último consistiera en crear pequeños estados interconectados por hilos cada vez más invisibles y etéreos, o en entidades yuxtapuestas que basan su razón de ser en un egoísmo autárquico, en la división y en la diferenciación, más que en el establecimiento de sólidos vínculos de colaboración. El conceder a cada territorio la autonomía financiera y una capacidad recaudatoria ilimitada, supondrá que cada vez se debilitarán más los fondos de compensación, hasta llegar a un punto de no retorno, a partir del cual algunas comunidades no podrán satisfacer por sí solas los servicios básicos como la educación, la sanidad y las asistencias sociales.

La autonomía financiera fomentaría a su vez una competitividad desleal, capaz de provocar la deslocalización de muchas empresas y la concentración de capitales en determinadas áreas geográficas en busca de un mejor nivel impositivo. Los impuestos de patrimonios y sucesiones son un ejemplo de los agravios que pueden llegar a cometerse, cuando cada comunidad actúa por su cuenta; lo mismo sucede con los trabajadores que, con una misma categoría profesional, reciben salarios diferentes en función de la comunidad donde residan.

Ante la actual coyuntura, y teniendo en cuenta que las autonomías son también Estado, deberían dejar aparcadas sus ansias reivindicativas al menos hasta que el tiempo escampe, y destinar todos los esfuerzos y todos los recursos a superar esta situación de crisis que está destruyendo tanto empleo y paralizando gran parte de la actividad económica. Al menos no contribuir desde el egocentrismo nacionalista a aumentar el déficit público con el solo pretexto de consolidar unas posiciones de privilegio.

Extremadura se enfrenta a una de sus realidades más controvertidas, porque paralelamente a la crisis económica, le sobreviene la incertidumbre de no saber cómo puede afectarle un modelo de financiación, que no tiene en la solidaridad su punto fuerte. También el haber superado la actual catalogación como zona dentro del contexto europeo, nos somete a una situación nueva con la consiguiente pérdida de una buena parte de los ingresos provenientes de los fondos de cohesión. Nos hallamos ante los umbrales de una época caracterizada por el cambio, donde el futuro de esta tierra va a depender en buena parte de la forma que tengamos de afrontar estos retos, porque a partir de ahora vamos a tener que depender más de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo, de nuestra competitividad, de nuestra constancia y de la búsqueda de una mayor calidad en todo lo que hagamos.