WLwos países más ricos de la Unión Europea, que son contribuyentes netos al presupuesto de la misma, pretenden imponer una tesis que, de prosperar, sería muy lesiva para Extremadura, que es región denominada objetivo 1 por tener una renta inferior al 75% de la media comunitaria, y ser receptora de fondos de la Unión. Esos países ricos --Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Suecia y Austria-- pretenden limitar el gasto y, al tiempo, hacer una redistribución de los fondos de cohesión teniendo en cuenta no el Producto Interior Bruto de las regiones, como se ha hecho hasta ahora, sino de los países. Esta propuesta supondría concentrar las ayudas en los países recién llegados a la UE. España, que merced a la entrada de los diez nuevos socios ha visto cómo, por mero efecto estadístico, se eleva su renta por encima del 90% de la media comunitaria, quedaría fuera de las ayudas y, por consiguiente, Extremadura, a pesar de que en la realidad, y tomada aisladamente su renta, la región siguiera cumpliendo los requisitos que la hacen actualmente receptora.

La propuesta es, hasta ahora mismo, una propuesta, y cuenta con la firme oposición de España y de otros países, como Grecia y Portugal, que también se verían seriamente perjudicados en el caso de que pasara a ser una realidad. La posición española cuenta asimismo con las simpatías del presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso , pero la propia Comisión mantiene una posición que no coincide con la española. Por tanto, la negociación para salvar los fondos de cohesión para España --aunque lo más probable es que se prolongue durante meses toda vez que hasta el fin del primer semestre del próximo año no se espera tomar una decisión al respecto--, va a ser dura y difícil. No en vano están enfrente los países ricos, que por el hecho de serlo tienen capacidad para imponer sus tesis y disolver las eventuales alianzas de los países actualmente receptores de los fondos de cohesión.

Extremadura debe estar muy atenta a este asunto porque, como en este mismo ejemplar se informa, lo que se está jugando la región son, nada menos, que alrededor de 500 millones de euros (83.000 millones de pesetas) de los mencionados fondos, que hasta ahora han servido para, entre otras cosas, obras de mejora del abastecimiento, tratamiento y depuración de aguas. Si, como es posible que suceda, los fondos de cohesión pueden participar en la financiación de la futura línea del AVE Madrid-Lisboa, mucha más razón para no perder ojo a la negociación. Y dada la importancia del asunto, no estaría demás que los partidos extremeños pudieran ponerse de acuerdo y hacer llegar a los negociadores del Gobierno una posición común de apoyo sin fisuras. Porque en Bruselas el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes , que ya dejó clara el pasado martes la posición contraria de España a reducir los ingresos comunitarios que perciben las regiones de nuestro país, negocia en nombre de España, y muy especialmente en nombre de Extremadura.