WEw l proyecto de Presupuestos que entró ayer en la Asamblea regional para iniciar su trámite parlamentario evidencia las serias dificultades por las que atraviesa la economía; también, lógicamente, la regional. Lo pone de manifiesto que las cuentas públicas para el año próximo se recordarán por ser las primeras que descienden respecto al año anterior --cuyo crecimiento, del 4%, era ya menor que la de la media de la última década--; y también porque elevan al tope la capacidad de endeudamiento: no hay dinero, los ingresos bajan un 5,6% y, por tanto, hay que acudir a la deuda. Es cierto que Extremadura no es, ni de lejos, la comunidad más endeudada de España, pero también lo es que la decisión del Gobierno regional elimina el margen de maniobra futuro y que si la crisis se mantiene el año próximo, tal como lo señalan las instituciones económicas internacionales y admite el Gobierno de Zapatero, la elaboración de los siguientes presupuestos se contraerán aún más, sobre todo si para entonces hay que pagar al Estado la diferencia a su favor de los adelantos a cuenta de la financiación autonómica.

El sesgo ideológico de las cuentas es especialmente apreciable en que la única consejería que incrementa su gasto es la de Sanidad y Dependencia, si bien el aumento se lo llevan en exclusiva las políticas relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia. Extremadura, en comparación con otras comunidades, tiene que ponerse al día en el pago de las ayudas a las personas a las que ya se les ha evaluado su grado de dependencia y, en este sentido, es especialmente valorable que, a pesar de la crisis, aporte dinero para saldar esa deuda.

Pero como la solidaridad no está reñida con el ahorro, en las cuentas presentadas ayer se echa de menos un mayor esfuerzo por controlar los gastos de personal, que solo descienden un 0,4% respecto al año anterior. Parece como si la maquinaria burocrática de la Administración regional fuera incapaz de adaptarse a los tiempos que corren, teniendo que hacerlo, sin embargo, departamentos creadores de empleo y riqueza como el de Fomento, cuyo presupuesto desciende un 15% .

La principal víctima de la escasez de recursos son las obras públicas y, de entre ellas, las incluidas en el Plan de Infraestructuras. El consejero de Hacienda, Angel Franco, admitió ayer que ese plan quedará truncado y que, como ocurre en estos casos, el procedimiento es dilatar los proyectos y retrasar los plazos de ejecución.

Los próximos Presupuestos incluyen la subida de un tributo, el denominado Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, un impuesto ecológico que grava a las compañías eléctricas y que es especialmente severo con Almaraz, puesto que triplica el tipo impositivo a la energía nuclear. La Junta, tras el fracaso del anterior impuesto, vuelve así a tener en el punto de mira a las eléctricas y particularmente a las tres propietarias de la central, a las que, en palabras del consejero Franco, la Junta "le ha enseñado un poco los dientes" .