Muchos de los lectores de EL PERIODICO EXTREMADURA quizás no sepan que de los miles de ciudadanos españoles deportados a los campos de concentración nazis se conoce el nombre y la procedencia de al menos 330 extremeños. De éstos fueron asesinados por los nazis antes de 1945 las dos terceras partes. Está al alcance de cualquiera con una conexión a internet poder consultar estos datos en la web del Ministerio de Cultura donde se recoge una investigación histórica reciente de libre acceso. Pero no hace falta irse tan lejos para descubrir horrorizados que en el municipio de Castuera, en la provincia de Badajoz, tras la victoria franquista de 1939, y durante un año, se instaló un campo de similares características a los de Centroeuropa. En torno a 15.000 personas relacionadas con el bando derrotado pasaron por sus instalaciones, que llegaron a contar, en su momento de mayor hacinamiento, con unos 6.000 prisioneros. Estos estaban repartidos dentro de entre 60 y 92 barracones insalubres y rodeados de un foso y alambradas. Según datos documentados, las funciones del Campo de Castuera fueron las de clasificación de la disidencia, la reeducación en los valores del nuevo régimen y la represión de los vencidos en un proceso sistemático de brutalidad física y psíquica que conllevó la eliminación selectiva de los individuos más significados con el régimen republicano. Se desconoce el número exacto de muertos en este campo. Faltan registros escritos de tales atrocidades y aún no se han realizado las excavaciones de diversas fosas comunes a lo largo de toda la comarca de la Serena, entre las que se incluyen las tristemente famosas bocas de mina del propio Campo.
Hasta la universidad inglesa en la que trabajo en un proyecto de investigación sobre el exilio republicano me han llegado rumores acerca de la posible instalación de una planta fotovoltaica en los terrenos que albergaron el campo de Castuera. Como historiador, extremeño y familiar de represaliados por el franquismo quisiera expresar mi más rotundo rechazo a estos planes. El Campo de Castuera es un lugar de memoria democrática y anti-fascista que nos pertenece a toda la ciudadanía extremeña. Creo que las autoridades competentes de Castuera y Extremadura tienen el deber moral de aprovechar estos terrenos para erigir un memorial dedicado a las víctimas extremeñas de violaciones de derechos humanos, así como un centro museístico de interpretación y estudio de la represión genocida franquista en Extremadura. Sin duda, la hermosa comarca de la Serena cuenta con numerosos espacios mucho más apropiados para instalar una planta fotovoltaica.
Ya va siendo hora de que, como todos los países democráticos de nuestro entorno, asumamos con normalidad nuestra historia reciente y reparemos el olvido institucional en el que se encuentran todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Extremadura y en el resto de España.
Manuel Pulido Mendoza **
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