Pensábamos que no llegaría pero ya está aquí. A partir del 1 de enero del 2019, en las pensiones de todas las nuevas jubilaciones se le aplicarán dos nuevas variables, el FEI, factor de equidad intergeneracional, y el FRA, factor de revalorización anual, ambos factores unidos es lo que viene a ser el famoso «factor de sostenibilidad» y que irá ligado, independientemente del régimen en principio, a la esperanza de vida y al estado de las arcas públicas, no al IPC.

El cálculo del FEI es sencillo, pero aterrador a largo plazo. A la pensión inicial se le aplica un coeficiente que se obtiene dividiendo la diferencia entre la esperanza de vida cada cinco años, y lo peor es que es acumulativo cada lustro. Por poner un ejemplo, si la esperanza de vida en 2014 era de 20,27 años, y en 2019 fuera de 21 años, el coeficiente sería 0,9652 de rebaja en la pensión inicial, lo que supone aproximadamente un 3,5% menos. Lo peor es el cálculo del siguiente lustro, donde la pérdida podría llegar al 6,5% y así progresivamente. Al parecer, el lustro elegido para el cálculo que se va a aplicar es el comprendido entre 2012 y 2017, saltándose el 2018, y que la diferencia no será significativa, aunque lo dudo.

En mi caso concreto, si no se amplía la edad de jubilación, que me temo que sí, y los años cotizados, que me temo que sí, cobraría aproximadamente un 12% menos que si me jubilara a 31 de diciembre de 2018.

Pero hay más sorpresas, el FRA, que éste sí sería de aplicación a todas las pensiones, pasadas y futuras, y cuya formulita parece sacada de una tesis doctoral de Stephen Hawking. Traducida viene a ser un porcentaje de rebaja sacado de divisiones, sumas, restas, multiplicaciones... entre los ingresos y gastos del estado, el número de cotizaciones a la Seguridad Social, el aumento de las pensiones cuantitativamente y el número de las mismas, más la previsión futura y en todo caso el IPC como referencia para marcar máximos.

Esperen, que hay más. Actualmente son muchos los cotizantes que pueden acceder a la jubilación anticipada y parcial con las condiciones anteriores a la reforma de 2011, si le fueran más favorables, pues les habilitaba un periodo transitorio hasta 2024. Con la nueva reforma a partir del 1 de enero de 2019 nadie podrá jubilarse con las condiciones más ventajosas con anterioridad al 2011.

Lo curioso del tema es que esta entrada en vigor lo que va a producir es un incremento notable de las jubilaciones a 31 de diciembre, lo que a su vez disparará la diferencia entre cotizantes y pensionistas, que a su vez influirá en el FAR y, por tanto, en el factor de sostenibilidad, repercutiendo sensiblemente en el fondo de pensiones y así progresivamente cada cinco años.

De todo lo anterior, puedo entender que haya que tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, la perdurabilidad, la estabilidad presupuestaria, etcétera, pero me parece lamentable, aquí y donde se aplique, vincular la pensión a una hipotética esperanza de vida, que muchos sufrirán sin haberla vivido, y otros vivirán sin tanta esperanza de vivir.