Faltaría más

Primero está la indignación, que tiene su origen en la sentencia de la Audiencia de Navarra por considerar que lo hecho por ‘La Manada’ con una criatura de 18 años (la edad de mi hija, por cierto) no fue agresión sexual, o sea, violación, sino abuso. Es decir, se esperaba una sentencia ejemplarizante y ha resultado una sentencia «insuficiente», pese a que los agresores han sido condenados a 9 años de prisión, precisamente una pena que el Código Penal contempla para los casos de violación, tal que así: «El responsable de violación será castigado con una pena de prisión de 6 a 12 años». ¿Es que la Audiencia ha hecho la media: ni 6 ni 12 años, sino 9?

Luego está el juez Ricardo González, cuyo voto defendía la absolución de los acusados y que ahora se defiende de los ataques con la mejor respuesta que puede dar un juez: «Yo solo hablo con autos y sentencias». Entre esos ataques está la afirmación de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, quien cree que el juez González «se podía haber unido a ‘La Manada’ y haber participado de la penetración». Pero hay un ataque peor: el del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que sugiere que el juez no está en condiciones de hacer su trabajo, ya que tiene «algún problema», y que «todos lo saben». Sorprende que el ministro de Justicia hable así de un juez, y sin aclarar si el problema del juez es moral o mental, y responsabilizando además al Consejo General del Poder Judicial («todos lo saben»).

Y, finalmente, el oportunismo político. No ha habido partido que haya apelado esta vez al respeto a las decisiones judiciales, ese clásico, sino, muy al contrario, a reformar el Código Penal, sin esperar siquiera a lo que falle el Tribunal Superior de Navarra o el Constitucional. Por supuesto que el Código Penal puede reformarse, pero no por una justicia popular que establezca sentencias según el número de manifestantes o según el volumen de las protestas. Faltaría más.