WSw i la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años y los centros educativos tienen que acoger a todos los alumnos que se matriculen, quieran o no estudiar, mantengan o no la disciplina, atiendan o no a las explicaciones que se dan en clase, hagan o no los ejercicios que se les encargan. Ya es hora de que se pidan cuentas en serio a los padres que o no escolarizan a sus hijos, o toleran e incluso fomentan el absentismo, o no hacen nada para prevenir conductas violentas que van a padecer otros. La enseñanza, además de obligatoria, no es gratuita. Se paga a través de los impuestos. Y la sociedad tiene derecho a que le rindan cuentas. En la educación intervienen maestros y profesores, pero también padres y madres. Si obligaciones tienen los primeros, más las tienen los segundos. Ayer, el presidente de la Junta, con motivo de la apertura del curso escolar, se refirió en Villanueva de la Serena a la mayor responsabilidad de la familia al manifestar que la violencia escolar no existe, porque antes que escolar es familiar y social. "Cuando se habla de violencia escolar es falso, porque cuando un chico es violento en clase es violento en cualquier sitio. No nos vamos a tragar el marrón de la violencia los educadores. La violencia viene de la familia y de la calle, y no de nosotros", dijo Rodríguez Ibarra. No le falta razón en el sentido de que la educación de los hijos es, antes que de ningún sistema educativo, de los padres, pero la violencia en las aulas es un hecho no porque los profesores sean responsables de la misma, faltaría más, sino porque en las aulas se manifiesta y en el contexto de la escolarización la ejercen unos niños y la sufren otros niños.

El estudio publicado por este periódico días atrás, que amplía otro anterior, señala no sólo que existe, sino que es un problema extendido. El estudio recoge que uno de cada cuatro alumnos de segundo de primaria a primero de bachillerato --uno de cada cinco en el caso de Extremadura, que es de las comunidades con menor incidencia-- sufre situaciones de acoso o violencia en las escuelas. Según los datos difundidos, en la comunidad extremeña, 37.000 escolares estarían padeciendo hostigamiento por parte de algunos de sus compañeros.

En cualquier caso, y sabiendo que el personal docente es también una víctima más de la violencia --la consejera de Educación señaló en la Asamblea que su departamento tramita dos denuncias semanales por violencia contra profesores-- quienes se dedican al oficio de enseñar deben ser apoyados y dotados de los instrumentos necesarios para cortar de raíz las conductas dañinas de unas minorías gamberras que se imponen sobre el resto de alumnos y hostigan a los débiles desde la sensación de impunidad que les da que sus derechos se tengan más en cuenta que sus deberes. La prevención de estos casos, como también ha puesto de manifiesto el estudio, es prevención de delincuencia futura. Hay que recuperar la disciplina en los centros. Eso pasa por aumentar y mejorar la dotación de psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, pero también por una mayor capacidad para sancionar al agresor y, sobre todo, proteger al agredido.