El PP está a punto de conseguir su primer objetivo previo para volver al poder: hacer irrespirable el ambiente político. Los dirigentes populares han convertido su legítima discrepancia con la política antiterrorista del Gobierno de Rodríguez Zapatero en una desleal apuesta a todo o nada en la que están dispuestos a utilizar desde las víctimas del terrorismo a los grupúsculos de ultraderecha, todos ellos convenientemente agitados por ciertos medios que aumentan cada mañana su agresividad verbal en la misma medida que disminuyen su respeto por la verdad.

El último paso en esa dirección lo dio el PP el sábado al utilizar la manifestación convocada por el Foro Ermua para lanzar una especie de moción de censura callejera contra Zapatero. Los estrategas del PP han decidido no dar respiro a los socialistas en una materia tan delicada como la búsqueda del final definitivo de ETA. Al llevar a la calle la política antiterrorista en términos viscerales consiguen poner a los terroristas en el centro del debate político, un error que no es la primera vez que se comete en este país. Tratan, además, de ocultar una realidad reciente: que también el Gobierno del PP trató de negociar con ETA el final de la locura terrorista. Se ha dicho tantas veces, que ya aburre. Pero hoy más que nunca conviene recordar que el expresidente José María Aznar hizo su intento, como era su obligación, y para ello acercó presos etarras e hizo guiños a los terroristas en el terreno semántico.

Pero el Gobierno tampoco ha sabido dar réplica a una oposición cuya estrategia montaraz tras el final de la tregua estaba cantada desde que el PP urdió la teoría de la conspiración del 11-M. Zapatero titubeó tras el atentado de Barajas: no supo dejar claro ante la opinión pública que el proceso de paz quedaba finiquitado, no logró articular una propuesta de respuesta inmediata a la ruptura de la tregua por parte de ETA y no ha contrarrestado con suficiente contundencia la campaña interesada y falaz que le acusa de haber hecho concesiones a los terroristas, algo que el atentado de Barajas desmiente.

Entre los errores del Gobierno hay que anotar que el etarra Ignacio de Juana Chaos pueda ser fotografiado en el hospital, consumido por la huelga de hambre, y pueda hacer declaraciones al diario The Times. Es discutible la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión a este etarra, pero, independientemente de ello, ha habido un fallo en la vigilancia que solo puede contribuir a agitar las filas de la kale borroka, que ayer dio un salto cualitativo con la brutal explosión de Barakaldo.

Y en el debe de los gobiernos democráticos --el central y el vasco-- cabe situar también el espectáculo dado el domingo por la izquierda aberzale al escenificar la entrega de 18 de los 19 condenados a prisión por el Supremo por su pertenencia a las organizaciones proetarras Jarrai, Segi y Haika. La entrega voluntaria de los prófugos cachorros de ETA es otro golpe propagandístico que debió ser evitado.

Llegados a este punto, parece pueril reclamar desde las páginas de un diario la unidad de los partidos democráticos frente a los violentos. Está claro que el PP no va a entrar al pacto político que impone este momento. El Gobierno socialista queda así abocado a establecer ese acuerdo con los grupos minoritarios de las Cortes --entre ellos, el PNV-- y a dejar aislado al PP en una cuestión capital para el Estado democrático. Es un panorama que augura más crispación.