Poco menos que de filibusterismo procesal cabe calificar el propósito de varios peritos que participan en el juicio del 11-M de solicitar la exhumación de algunos de los fallecidos en los atentados. Ni la solvencia de las pruebas presentadas por los fiscales ni las declaraciones ante el tribunal de los policías que investigaron los ataques han arredrado a estos técnicos, guiados por la malsana obsesión de mantener viva la teoría de la conspiración --el concurso de ETA en los atentados al lado de los islamistas--, estimulada por el entorno del PP contra toda prueba. Ni siquiera la más elemental consideración hacia las víctimas y sus deudos ha parado en barras a quienes solicitan un trámite forense lleno de angustioso dramatismo. Todo les vale con tal de sembrar la duda y seguir en busca del famoso dinitrotolueno --explosivo que utilizan los etarras--, cuyo hallazgo, a juzgar por la porfía de estos sectores, llevaría a los españoles a otorgar de nuevo la mayoría a quienes ahora son oposición. Poco importa que se retrase la conclusión del juicio y, con la demora, se prolonguen en las víctimas los efectos psicológicos asociados al recuerdo permanente de la tragedia. El caso es mantener la incertidumbre y entorpecer el trabajo de los jueces. Las leyes españolas garantizan el ejercicio de la defensa y de la acusación particular, como no puede ser de otra forma. Pero en lo que llevamos de juicio, varios abogados y técnicos que defienden a los acusados o representan a asociaciones de víctimas politizadas hasta el paroxismo han confundido los derechos de sus clientes con la pura insidia. Cuanto antes se dicte una sentencia, antes quedará en evidencia su rudimentaria patraña.
