La Fiscalía y los abogados defensores de los once menores que, en la fiesta de quintos del pasado año en Torreorgaz sacaron de la cerca en que se encontraba, torturaron y empalaron hasta matar a una burra, llegaron ayer a un acuerdo por el cual los autores de este hecho han sido condenados a realizar 52 horas en beneficio de la comunidad y a pagar solidariamente a la dueña del animal 375 euros, a razón de 34 euros por cabeza. La sentencia se alcanzó de conformidad entre las partes, de manera que la Fiscalía solicitaba en principio 250 horas en beneficio de la comunidad y terminó aceptando las citadas 52 horas.

Cuentan las crónicas que la sentencia significa un "acuerdo satisfactorio" para las partes. ¿Para todas? Parece ser que no, a tenor del emocionado silencio en que se encerró ayer la dueña de la burra, cuando este periódico le preguntó su parecer sobre la sentencia. Se limitó a decir que no podía hablar y que a ella no le habían pedido su conformidad.

Los tribunales han hablado. No hay más que objetar: es lo que toca. Pero desde la vesania del 30 de octubre, cuando murió la burra, a la sentencia del 18 de mayo hay un trecho. En algún lugar del mismo se extravió la justicia.