WEw staba cantado que el Tribunal Constitucional iba a tumbar la ley del Parlamento vasco por la que se pretendía realizar, el próximo 25 de octubre, una consulta de carácter soberanista a los ciudadanos de Euskadi. Lo llamativo es que el fallo se ha producido por unanimidad y con una contundente argumentación que cierra cualquier intento posterior de referendo promovido desde una comunidad autónoma. En síntesis, el argumento del tribunal es que la soberanía reside en el conjunto de la nación española, por lo que no cabe invocar el derecho a decidir de una de sus partes. De ello se deriva que la autorización de cualquier consulta de este tipo es competencia exclusiva del Estado. La sentencia señala también que la reforma promovida por el lendakari Juan José Ibarretxe supondría una reforma del vigente orden constitucional, que afectaría al conjunto de los ciudadanos españoles y no solo a los vascos.

Los argumentos del Constitucional son claros y no difieren de los que se han mantenido en el terreno político desde que el presidente del Gobierno vasco iniciara en el 2002 la vía para que Euskadi fuera un Estado libre asociado a España. Por más que las aspiraciones soberanistas del nacionalismo vasco sean respetables, está claro que los dos planes de Ibarretxe desbordaban los límites del ordenamiento constitucional español. El gran fallo del lendakari y de los partidos que han apoyado sus tesis ha sido, precisamente, empecinarse en una vía que al final iba a encontrarse con una sentencia como la dictada ayer. El PNV ha perdido seis años en un proyecto que era claramente ilegal desde el punto de vista constitucional y altamente desaconsejable en el plano político, pues dividía a la sociedad vasca.

Pero la tozudez del lendakari, que al final obtuvo el apoyo del PNV --reacio al proyecto secesionista cuando Josu Jon Imaz era su presidente-- ha llevado a la política vasca a un callejón cuya única salida está en las urnas. La ensoñación soberanista de Ibarretxe ha terminado, y el futuro político del dirigente pasa ahora por obtener un buen resultado en las próximas elecciones vascas, algo improbable a la vista de los resultados de las últimas legislativas. Buena parte del desgaste del PNV se debe al hartazgo que ha producido en la sociedad el intento de una vía imposible. El Gobierno vasco, pese a todo, insiste en su estéril huida hacia adelante al elevar a Estrasburgo una denuncia contra el Reino de España que también tiene poco visos de prosperar. En este sentido se han expresado ya el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para quienes esta nueva aventura en Estrasburgo está condenada al fracaso, por cuando sería difícil de entender, por no decir imposible, que un tribunal europeo aceptara un desafío contra la Carta Magna española.