El sistema de financiación autonómica --el reparto de los fondos entre las comunidades y los criterios para hacerlo-- es uno de los asuntos políticos que se encuentra en permanente revisión y, sin embargo, debería ser inamovible. Pero las tensiones entre el Estado y las autonomías son, en esta España de la Constitución del 78, una especie de mito griego, que se regeneran cíclicamente y cuando todo indica que nos encontramos en una situación de aparente calma, vuelven a surgir con virulencia, dando inicio a un nuevo ciclo que, junto con los anteriores y los que vendrán, forman una secuencia que no tiene fin.

La financiación autonómica, pues, vuelve con fuerza al primer plano de la actualidad ante la disposición del Gobierno de iniciar las negociaciones en las próximas semanas. Un asunto que, desde Extremadura, es siempre mirado con recelo porque el gato escaldado huye del agua fría y las peleas de la Junta para que el sistema de financiación no sea demasiado lesivo para los intereses regionales han abarcado tanto tiempo y tantas energías que parecen constituir por sí solas la propia historia de la autonomía. No en vano, cualquier intento de modificación se ha dirigido siempre a la línea de flotación de las autonomías con menor renta. En esta ocasión no hay excepciones: Cataluña, junto con Valencia y las Baleares --que en esto no hay diferencias por colores políticos--, pretenden imponer unos criterios de reparto de los fondos estatales que resultarían seriamente lesivos para Extremadura. Llegar a esa conclusión es sencillo: basta con reparar en que lo que pretenden "las comunidades ricas" es limitar los fondos estatales dirigidos a Sanidad y Educación y aplicar, sin más matices, el criterio del crecimiento de la población para ser acreedora de más fondos que hasta ahora.

Es innegable que el fenómeno de la inmigración ha provocado que el censo de población crezca desigualmente en nuestro país; y que ese fenómeno haya sido más intenso en las zonas con mayor desarrollo y más posibilidades de empleo (y así será siempre que no se equilibre el desarrollo regional). En ese sentido, las necesidades de la Administración aumentan porque hay más personas demandantes de servicios. Pero hacer caso, sin más consideraciones ni matices, al factor de población es quedarse en la epidermis del problema. Por ello tiene razón el presidente de la Junta cuando afirma que Extremadura necesita más ambulancias que la Comunidad de Madrid, a pesar de que Madrid tiene casi seis veces más población que Extremadura. ¿Por qué ocurre eso? Porque en Extremadura existe una densidad de población de 26 habitantes por kilómetros cuadrado, frente a los 90 de España y los más de 700 de Madrid. Por eso, tener solo en cuenta el criterio ´aritmético´ de la población, sin tener en cuenta factores decisivos como la dispersión y la densidad, es resolver únicamente una parte del problema.

Ahora toca, una vez más, pelear para que el Gobierno, que ya ha dicho que la negociación será "multilateral y equitativa" resista el embate de las comunidades más prósperas, que pretenden obtener más fondos a costa de las menos prósperas. Es el cuento de nunca acabar.