El presidente del Gobierno extremeño ha sido citado por Rodríguez Zapatero esta tarde en el palacio de la Moncloa para hablar del nuevo sistema de financiación autonómica que parece que deberá estar aprobado en las próximas semanas. Fernández Vara será el quinto presidente autonómico, tras Montilla, Chaves, Aguirre y Touriño, que se entrevistará con el presidente del Gobierno después de que éste se viera con los dos primeros --representantes de las dos comunidades más pobladas, Cataluña y Andalucía--, durante el fin de semana. Esa reunión levantó una ola de críticas y suspicacias, tanto en comunidades gobernadas por el PP como por el propio PSOE. De resultas de esa reacción Zapatero decidió hacer una ronda de encuentros con el resto de responsables autonómicos para que se atemparasen los ánimos.

No debió extrañarle a Rodríguez Zapatero la respuesta contundente de algunos de sus correligionarios, incluso de algunos tan templados como Vara. Debió, incluso, que haberla tenido prevista porque hay motivos para la desconfianza y para llegar a temer que el representante del Gobierno central y los de las dos grandes autonomías estaban negociando el sistema de financiación que afecta a las otras 13 del sistema común. Un motivo: el nuevo Estatuto catalán, que incluye una nueva financiación, establecida en base a la aportación catalana al Producto Interior Bruto (PIB) español, fue alentado por Zapatero, en una decisión cuya factura real está todavía por ver en términos de cohesión territorial y solidaridad. Otro motivo: la amenaza latente de los diputados socialistas catalanes de formar grupo parlamentario propio en el Congreso en razón de la autonomía política de que, estatutariamente, goza el PSC respecto al PSOE. Una amenaza que ganó en intensidad en las últimas semanas, cuando el PSC vinculó el apoyo a los Presupuestos del Estado del 2009 al acuerdo en financiación y a medio echarse al monte si no lo hay. Ambos motivos dibujan una imagen: los socialistas catalanes llevan del ronzal al presidente del Gobierno, sitiado entre dos fuegos, el que atiza parte de los integrantes del grupo parlamentario que sustenta al Ejecutivo, y el que alimenta el resto de comunidades que, aunque cada una con sus intereses, rechazan que la financiación de todos se cueza durante un encuentro con solo dos presidentes.

El mero hecho de entrar a discutir sobre la necesidad de un inmediato acuerdo sobre la financiación --y de ponerse a trabajar en esa dirección-- es un planteamiento que defiende más que nadie Cataluña, acuciado su gobierno por las alianzas con partidos a los que le importa poco la solidaridad interterritorial. Mucho más sensato sería, sobre todo atendiendo a la situación económica actual, aparcar la discusión sobre la financiación y prorrogar el actual sistema hasta que la tormenta escampe. Esa posición, que ha sido defendida hasta por Felipe González, se antoja la más lógica dadas las circunstancias. Pero el ronzal aprieta, y hay que moverse.