El pasado día 12 en el Congreso de los Diputados el ministro Montoro, refiriéndose a la reforma del sistema de financiación autonómica dijo textualmente: «Esto no es responsabilidad de un Gobierno; esto es responsabilidad de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios que se sientan en esta Cámara». Los incrédulos pueden comprobarlo en el diario de sesiones.
Éste es el Gobierno que tenemos, sometido tanto a su debilidad parlamentaria como a su incapacidad para articular consensos y que cuando se ve incapaz de hacer propuestas, responsabiliza de ello a los demás. Lo próximo será pedir a la oposición que presente los Presupuestos para este año, tiempo al tiempo.
Pues claro que es su responsabilidad: porque así lo hicieron los Gobiernos anteriores, porque en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 se comprometieron a hacerlo antes de que finalizara el pasado año, porque deberían haberlo hecho en 2104 al cumplir la vigencia del modelo anterior pero, sobre todo, porque es un clamor de todas las Comunidades Autónomas que han visto como se reducían sus ingresos en estos años de crisis al tiempo que incrementaba su deuda y los gastos asociados a las demandas sociales producidas por la mayor pobreza y precariedad generada.
La comisión de expertos creada para esta reforma presentó sus conclusiones al Gobierno el pasado 26 de julio y desde entonces se han estado analizando por las comunidades y el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que presentaron sus propuestas y alegaciones el pasado noviembre. Se puede pensar que para un asunto tan urgente se ha tenido suficiente tiempo para elaborar una propuesta, pero en vez de ello lo que el ministro ha hecho es enredar, lanzar globos sondas: «primero que si quitas a la deuda, luego que no, ahora, ya veremos»; o del «es necesario aprobar el presupuesto para pagar la liquidación y los anticipos a cuenta, al se puede hacer por Decreto Ley».
Lo que trata es de eludir pronunciarse sobre los recursos adicionales que deben inyectar al sistema para poder lograr un acuerdo y para ello argumentan que el incremento de recaudación permite a los gobiernos autonómicos tener más ingresos, de tal forma que en este año los ingresos totales serán casi iguales al año 2009 pero ocultan que los propios expertos calculan que se precisan entre 9.500 y 16.000 millones más para recuperar los niveles de calidad en los servicios públicos esenciales anteriores a la crisis. En 2009 el gobierno socialista inyectó 11.000 millones más. Siempre hay que incrementar para acordar.
Los socialistas entendemos que el Estado de las Autonomías es, ante todo, el Estado del Bienestar, por lo que se trata de cómo lo financiamos manteniendo la cohesión tanto social como territorial en nuestro país. Hablamos de Solidaridad y Equidad, de cuestiones tan básicas como la financiación de la sanidad pública, la educación universal, de cómo protegemos a las capas más vulnerables de nuestra sociedad, a los dependientes, a los excluidos y marginados, a todos los que demandan respuestas sociales a sus problemas reales y estás deben dársela las administraciones territoriales que para ello necesitan una financiación suficiente.
Y no se trata de ser los primeros, solo de estar en la media de nuestros vecinos. Los propios expertos reconocen que en estos años se ha incrementado la brecha con ellos, pues destinamos un 21% menos que la media europea a financiar las políticas sociales. Estamos en la cola siendo el tercer país más desigual de la Unión Europea, solo detrás de Rumania y Bulgaria.
Reiteramos nuestra total disposición al diálogo y al acuerdo siempre que el nuevo modelo garantice dos cosas: el acceso de todos los españoles a los servicios públicos en igualdad de condiciones con independencia del lugar en que se resida; y la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para poder atender sus obligaciones con independencia de la coyuntura económica. Se trata, en definitiva, de blindar nuestro estado de bienestar.
Quedará hablar de qué variables se establecen o de qué fondos se crean para llegar a un consenso, pero corresponde al gobierno proponer, buscar los elementos comunes y objetivizar las demandas de los territorios tratando de no crear agravios entre los mismos, evitando los enfrentamientos, procurar que se hable de «lo nuestro» en lugar de hacerlo de «lo mío».
Es el momento de demostrar con hechos cuánto creemos en nuestro modelo territorial y social. Los socialistas apostamos por que el nuevo sistema suponga un avance hacia una nueva España autonómica, solidaria y diversa y que defina con mayor claridad la estructura federal del Estado Autonómico.
