Los ayuntamientos extremeños celebran estos días los actos conmemorativos del XXV aniversario de la democracia, periodo en el que han avanzado notablemente y que ha permitido modernizar tanto las estructuras municipales como cambiar la fisonomía de aquellos pueblos de finales de la dictadura.
Sin embargo no ha sido un camino de rosas. Ha habido que superar etapas, corresponsabilizarse de determinados servicios que no le han sido transferidos y asumir la gestión de nuevas competencias. Pero el principal problema que aqueja ahora mismo a las corporaciones locales es la escasa financiación de que disponen para mantener en pie esa estructura que tantos años ha costado consolidar para prestar los servicios que los ciudadanos les demandan. Precisamente ésa ha sido la petición unánime de los alcaldes extremeños de cara a los próximos años: mejorar la financiación municipal y, sobre todo, clarificar qué servicios está obligado a prestar el ayuntamiento y con qué fondos cuenta para hacerlo. La única forma de resolver la situación de bancarrota en que viven las corporaciones es llegar a un acuerdo Gobierno-autonomías-ayuntamientos para delimitar las competencias de cada uno de esos estamentos y redistribuir los recursos de los que dispone el país.
