XExn las últimas semanas, en el debate sobre la financiación sanitaria se ha hecho referencia frecuente a las diferencias entre comunidades autónomas en el déficit originado en los últimos años. La Ley General de Sanidad aprobada en 1986 establece como criterio esencial de reparto el de población protegida, con el objetivo de que el proceso de transferencias acabe con la distribución injusta y desigual de recursos. Cada comunidad autónoma puede dotarse del sistema organizativo que crea más adecuado para gestionar su presupuesto. Pueden así establecerse 17 sistemas diferentes con distintos mecanismos organizativos. Parece razonable pensar que si las necesidades de la población son semejantes, las grandes diferencias entre comunidades en sus déficits pueden originarse en la disparidad entre sus modelos organizativos.
El informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Gasto Sanitario coordinado por el Ministerio de Economía y Hacienda para el período 1999-2003 ofrece los primeros datos sobre financiación sanitaria tras completar el proceso de transferencias. Calcula que las comunidades acumulan a final de 2003 una deuda de 5266 millones de euros. Según estimaciones de los gobiernos autónomos el déficit en 2005 alcanza ya los 7.000 millones, y sólo el déficit catalán se acerca a 3.000 millones, casi la mitad del total del sistema sanitario. En el mismo informe se concluye que sólo el 21% del incremento del gasto se relaciona con el crecimiento demográfico. El mayor incremento se produce en el consumo de productos intermedios, en el gasto farmacéutico y en la política retributiva llevada a cabo por los gobiernos regionales.
En Cataluña se constituyó en 2004 un Grupo de Trabajo para la Racionalización y Financiación del Gasto Sanitario y en su documento de conclusiones se considera que sin reformas sustanciales en el sistema sanitario, un incremento en la financiación podría tener poco impacto para mejorar su calidad y eficiencia. Entre las reformas que se proponen, están las de introducir más transparencia en las actividades del conjunto del sistema, estableciendo la necesidad de disponer de información centralizada, establecer y seguir objetivos por centros y publicar sus resultados. Esta opacidad es comprensible si recordamos que Cataluña ha optado por un sistema mixto en la provisión sanitaria. Los centros son de propiedad pública o de propiedad privada integrada en la red o colaboradora de la red. El 79% de los hospitales y el 62% de las camas hospitalarias son privadas y Cataluña destinó en 2003 el 35% de su gasto sanitario a pagar la actividad concertada mientras que Andalucía o Galicia destinaron alrededor del 5%.
Una de las recomendaciones del documento es la de "estimular la dedicación exclusiva de los profesionales al sector público, empezando por los de responsabilidades más altas". Vicente Navarro , catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y miembro del Grupo de Trabajo señala en su libro Bienestar insuficiente, Democracia incompleta : "Cataluña tiene un sector sanitario privado bastante extenso que atiende a las clases de rentas medias altas y altas, mientras que el sector público es utilizado por las clases populares... El punto de contacto entre las dos lo constituyen aquellos profesionales, como gran número de jefes de servicio, que trabajan en la pública por la mañana y en la privada por la tarde. Los intereses económicos y corporativos de la medicina privada que son muchos y muy influyentes en los partidos de la derechas española y catalana se oponen a un cambio profundo en esa simbiosis entre la pública y la privada".
Otra diferencia fundamental entre Cataluña y Extremadura es el desarrollo del nuevo modelo de atención primaria. Cataluña tiene la Atención Primaria Pública menos desarrollada de España. En Cataluña la cobertura poblacional de la reforma de la atención primaria sólo llegaba al 50% en el año 2000 mientras que en Extremadura hacía años que se atendía por este modelo a más del 95% de la población. A partir del año 2000 se ha producido un impulso acelerado a la reforma pero subsiste una gran bolsa, sólo en Barcelona, de más de 200 médicos de cabecera, que mantienen su dedicación horaria limitada a 2,30 horas. En Extremadura, ha dado un paso más hacia la integración del sistema con la constitución de gerencias únicas de área donde se integran en presupuestos únicos los recursos de atención primaria y especializada.
Todos los análisis coinciden en señalar que el sistema sanitario requiere un aumento de financiación para prestar una atención sanitaria de calidad. El acceso a la atención sanitaria debe estar en función de la necesidad y no del nivel de renta y por tanto debe mantenerse el modelo de reparto basado en criterios de población. De poco servirá aumentar la financiación si el modelo organizativo no asegura una gestión eficiente. Y esto es difícil de conseguir sin un sistema de provisión pública que garantice la transparencia y el control e introduzca incentivos ligados a la consecución de objetivos. Delimitar nítidamente el sector público del privado y apoyarse en una atención primaria resolutiva que module la utilización, son requisitos imprescindibles en los modelos de cobertura universal. La receta, para algunos simple y anticuada, de financiación y provisión pública parece dar mejores resultados que las fórmulas pretendidamente modernas de liberalización y provisión privada.
*Presidente de la Asociaciónde Defensa de la Sanidad Pública
