La ley de partidos políticos es una norma metida con calzador en nuestro ordenamiento constitucional, una norma que habita en una zona de sombras apenas iluminada por la necesidad del Estado de neutralizar el flanco político de la banda terrorista ETA mediante el recurso a los tribunales.

Pero no puede negarse que la ley de partidos ha servido para luchar con eficacia contra el terrorismo y su entorno, debilitarle y llevar ante el juez a destacados dirigentes aberzales especializados en transitar por los límites del Código Penal y aprovecharse de la permisividad inherente a un sistema democrático.

A modo de resumen, cabe afirmar que la actual ley de partidos seguramente no es la mejor de todas las posibles, pero ha sido útil para acabar con el mito de la capacidad de movilización e influencia de la izquierda aberzale en la sociedad vasca.

Dicho todo lo cual, debe añadirse que, salvo una dejación flagrante de sus obligaciones, los poderes públicos están obligados a cumplir la ley de partidos con esmero para los fines específicos para los que fue aprobada por las Cortes

Generales. Así debe entenderse la petición de la Fiscalía del Estado dirigida al Supremo para que ilegalice al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas vascas) y, mientras se sustancia la demanda, suspenda cautelarmente sus actividades a fin de que no pueda presentar candidaturas en las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo.

Si, como parece, las pruebas de que dispone el ministerio público confirman que EHAK es un partido "instrumentalizado" por la ilegalizada Batasuna, la acción de los tribunales es obligada, con independencia de la oportunidad y el momento elegidos para hacerlo. Existe el riesgo, sin embargo, de que esa ley de partidos sea utilizada para negar derechos políticos --a elegir y ser elegido-- de individuos que, por no haber sido condenados, deben poder ejercerlos.

También debe tenerse en cuenta la repercusión y el significado político de la actuación de la Fiscalía General del Estado que, a no tardar muchos días, instará un procedimiento similar contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), con lo cual una parte del electorado vasco, minoritaria, pero significativa, se quedará el 9 de marzo sin candidatura que satisfaga sus expectativas.

En una democracia representativa como la nuestra, no deja de ser una situación anómala que distorsiona el sistema, aunque sea mínimamente, pero sería injusto culpar de ello a quienes aplican la ley en sus justos términos. Parece más apropiado preguntar a quienes se niegan a condenar el terrorismo cuántas ocasiones perdieron de desmarcarse de la extorsión y el asesinato antes y después de que se aprobara la ley de partidos. Si lo hubiesen hecho, todo sería ahora mucho más fácil.