Sobre la manera de acabar con la emisión de los miles de toneladas de fuel que siguen almacenadas en los tanques del Prestige se ha abierto una nueva controversia, esta vez entre los científicos que estudiaron cómo reducir los efectos del accidente y las empresas adjudicatarias de las tareas de extracción. Los científicos dictaminaron que la masa sumergida a casi 4.000 metros de profundidad acabará aflorando de una forma u otra y, para evitarlo, plantearon dos soluciones viables: extraer el fuel mediante tubos de bombeo que vayan desde los depósitos hasta la superficie o aislarlo, creando un sarcófago de aluminio o cemento.
Pero el Gobierno del PP ha elegido otra opción propuesta por la empresa Repsol, la compañía afín adjudicataria de las operaciones de recuperación del fuel: trasvasarlo a enormes bolsas que deberían ser izadas hasta la superficie. Es la opción más barata y permitirá ver en pocos meses un despliegue de medios. Pero es incomprensible que se recurra a los científicos para que propongan soluciones y se acabe eligiendo una que descartaron. Este actuar de espaldas a los expertos buscando una salida rápida tiene un precedente. Y aún estamos pagando el precio.
