WEwsta semana se ha conocido un dato que es para estremecer, no sólo a las familias y a los jóvenes que lo sufren, sino a cualquier ciudadano comprometido con el futuro de esta región: casi la mitad de los escolares extremeños que inician el último ciclo de la ESO no obtiene el título. Alcanzan los 16 años, edad a la que termina el periodo obligatorio de escolarización, y dejan los centros sin superar los estudios.

Los alumnos que fracasan son, según los últimos datos conocidos correspondientes a los cursos 2000-01 y 2001-02, entre 7.000 y 8.000 al año. Cada uno de esos jóvenes que abandonan el instituto sin terminar los estudios básicos, además de nombre y apellidos --no son números en una estadística--, parten con una desventaja ante la vida: la de su menor preparación. En la mayoría de los casos su destino estará ligado a esa circunstancia y su progreso profesional --excepciones y fortunas aparte--, también se limitará a las magras posibilidades que le otorga esa posición de inferioridad frente a otros con mayor preparación.

El fracaso escolar no es, por tanto, el fracaso de esos miles de extremeños --que lo es, y de qué manera, si cada uno de ellos son individualmente tomados--, sino un fracaso de nuestro patrimonio social. Un fracaso en el que todos los extremeños están concernidos porque es un fracaso de nuestro sistema educativo, y especialmente de la Administración autonómica, que cuenta con la capacidad para enfrentarse a este problema. Ojalá y estuviéramos precipitándonos en el juicio y los datos de los cursos 2002-03 y 2003-04 muestren, cuando se conozcan, un panorama distinto al de los dos cursos antes citados. Sería una feliz e inesperada sorpresa porque de las estadísticas manejadas se desprende que el índice de fracaso escolar entre el curso 2000-2001 y 2001-2002 varió sólo una centésima.

A nadie se le escapa que la solución a este problema no es sólo de escolarización y de que el sistema educativo no dispone de todos los resortes para acabar con él: existen condicionamientos sociales y económicos decisivos para que un joven se vea abocado al fracaso escolar, con independencia de los esfuerzos que para salvarlo de él hagan los poderes públicos. Pero precisamente por eso una Administración sensible ante la desigualdad no puede dejar de acentuar sus esfuerzos para reducir al mínimo posible una circunstancia que pone a miles de jóvenes ante una calle que conduce al futuro y que es más angosta de lo que resulta para otros. Además, la Junta de Extremadura está esforzándose para, como le gusta decir al presidente Rodríguez Ibarra , "no perder el tren de la revolución de la inteligencia" y ser pioneros en la Sociedad de la Información. ¿No es por eso mismo más necesario resolver el problema de esta mitad de jóvenes que empiezan tercero de ESO y no acaban la enseñanza obligatoria? La última idea en la que el presidente ha empeñado sus energías es en el Plan de Iniciativa Joven. ¿Será un buen plan para todos los jóvenes extremeños? ¿Será accesible para los que no terminan la enseñanza obligatoria?