Entre los restos del naufragio del Prestige no sólo flotan la catastrófica marea negra de miles de toneladas de fuel que contamina las costas gallegas y las carencias de la Unión Europea en el control del tráfico marítimo de mercancías peligrosas, en especial en su vertiente pirata de paraísos fiscales y banderas de conveniencia. También aflora un rosario de deficiencias e imprevisiones del Gobierno español y de la Xunta gallega.

Con independencia de la bondad o no de la operación de rescate que hubo que improvisar, el Prestige evidencia que España, con miles de kilómetros de costa, no dispone de medios adecuados para paliar estas contingencias, a pesar de que el litoral gallego las colecciona en las últimas décadas. Por ello es incomprensible que Galicia carezca de un plan de emergencia contra mareas negras que impida que los esfuerzos de los efectivos dedicados a tareas de contención resulten baldíos por la desorganización. Aunque más sangrante todavía es que el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, no apareciera en público para apoyar a los damnificados hasta el séptimo día de crisis porque, entre otras cosas, estaba de cacería. Es la guinda de un naufragio político, y en otros lares democráticos comporta la dimisión.