Los tecnócratas de Bruselas han emprendido una reforma agraria que cada día origina más confusión. A partir de ahora, el hecho de desligar las ayudas comunitarias a la producción de determinados productos conllevará tanto el abandono de tierras como la eclosión del pillaje en ciertas producciones. Uno de los casos más evidentes, del que ya alertan las organizaciones agrarias, se detectará rápidamente en el olivar, ya que no habrá control sobre la venta y distribución de buena parte del aceite que se produzca en las almazaras, pues la subvención se recibirá por la explotación en sí.

Ante este panorama surgen interrogantes a los que habría que encontrar respuestas antes de aprobarse definitivamente la reforma agraria. Si la Junta de Extremadura (en Andalucía el caso es similar), hasta ahora entidad pagadora de las ayudas, no tiene ya que fiscalizar la producción, ¿quién evitará un posible fraude a Hacienda más allá de la rutinaria inspección que realizan sus funcionarios?

Al margen de la idoneidad o no de la reforma emprendida por los Quince, se hace necesario buscar mecanismos de control que impidan un mercado negro en el sector aceitero.