El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vivió el viernes un duro baño de realidad en el Congreso de los Diputados al perder la votación sobre senda de déficit. Asumido que el balón de oxígeno de la relajación del déficit (2.400 millones para las comunidades autónomas) no iba a bastar para que el PP de Pablo Casado efectuara un acto de responsabilidad, el Gobierno tampoco pudo contar con el ‘sí’ de los partidos que le dieron su apoyo en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Unidos Podemos, PDECat, ERC y Compromís decidieron abstenerse evidenciando en el Congreso la fragilidad parlamentaria del Gobierno.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, acusaba a la oposición de «dogmatismo» e «intransigencia ideológica» por no haber aprobado la senda. Algo hay, si bien también es cierto que el esfuerzo negociador del Gobierno es mejorable. Dado que los objetivos de déficit del PP eran más restrictivos, la votación deja a las autonomías sin esos 2.400 millones tan necesarios sobre todo para financiar los servicios sociales, y ese ha sido el único argumento socialista. Para la izquierda, la senda es demasiado similar a la prevista por el PP, que además gracias a la reforma del 2012 de la ley de estabilidad, puede tumbar en el Senado lo decidido en el Congreso. PDECat, ERC, Unidos Podemos y ERC coinciden en exigir que se reforme esta ley para quitar este poder de veto al PP.

El Gobierno ha anunciado que volverá a intentar en septiembre que se apruebe esta misma senda de déficit, pero que al mismo tiempo pone en marcha la negociación de los Presupuestos del 2019. Este doble o nada es un ejercicio de presión mutuo: sin una nueva senda de déficit, los Presupuestos del 2019 serán muy similares a los del PP de este año. Pero por otro lado lo que estará en juego ya no serán los límites del gasto, sino la piedra angular de la acción de Gobierno de Sánchez.

El varapalo en el Congreso no ha tenido consecuencias políticas graves para la estabilidad del Ejecutivo, pero las negociaciones del Presupuesto sí serán claves para saber si Sánchez de verdad puede aspirar a acabar la legislatura (como insiste una y otra vez) o la adversa aritmética parlamentaria se convierte en un escollo demasiado difícil de superar. Por ahora, la realidad está siendo tozuda: con tan solo 84 escaños resulta muy difícil gobernar.