La sala especial del Tribunal Supremo que vela por la aplicación de la ley de partidos ha anulado cinco decisiones del Parlamento vasco que reconocían la existencia del grupo Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna. Los servicios jurídicos de la Cámara replicaron que los efectos de este auto judicial serían "cero" y el viernes su presidente, Juan María Atutxa, incrementó la tensión al darle la palabra al grupo de Arnaldo Otegi pese a las protestas del PP. Esta actitud podría tener un efecto: sumar otro elemento a la querella del Tribunal Superior del País Vasco contra parte de la Mesa del Parlamento.
La legítima polémica sobre la constitucionalidad y la oportunidad política de la ilegalización de Batasuna, y sobre la potestad de la justicia para imponer su cumplimiento al legislativo vasco, ha ido ya muy lejos de los cauces legales por los que debería haber discurrido un conflicto de competencias. Ni la insumisión de PNV, EA e Izquierda Unida en el Parlamento vasco, ni la decisión de lanzar la justicia penal sobre los representantes elegidos por los vascos ayudan en lo más mínimo a la pacificación de Euskadi, algo que debería continuar siendo el objetivo principal de todas las fuerzas democráticas vascas.
