El Gobierno español va a completar la normativa sobre restricción del consumo de tabaco con la posibilidad de que se pueda multar con 30 euros a quienes fumen en zonas no autorizadas, incluidos los centros de trabajo. Hasta ahora, la intención era multar solamente a las empresas, pero el anteproyecto de ley que se presentará la próxima semana en el Congreso de los Diputados se inclina por que las sanciones alcancen a los fumadores, pese a ser considerados como enfermos. Es una forma de presión que puede ser discutible, pero que se inscribe en la batalla contra el humo.
Ahora bien, para aceptar las sanciones si se viola la ley, debe existir la posibilidad de compatibilizar el hábito y el trabajo. Es decir, las empresas deben disponer de salas o zonas de fumadores con el objetivo de que la cruzada contra el tabaco no se convierta en una cruzada contra la libertad. Patronal y sindicatos se oponen a la intención de los inspiradores del anteproyecto de ley de que la prohibición sea total. Es una petición muy razonable, a pesar de que, según una encuesta distribuida por el propio Ministerio de Sanidad, un 70% de los empleados apoya el veto total. Lucha contra el tabaco, sí; pero con respeto a la libertad de los fumadores en zonas acotadas.
