Gobernar conlleva a veces el tener que tomar decisiones impopulares. En cambio construir una alternativa resulta bastante más fácil, ya que basta con que los planteamientos se sostengan en el plano de lo puramente conceptual. Por eso resulta inconcebible que se recurra a los tópicos de un discurso cuyos predicamentos son dudosamente efectivos.

Como si fuera necesario utilizar víctimas propiciatorias sobre las que descargar las fobias y el descontento social. A tal efecto, se culpabiliza a los sin papeles de estar tras la causa última de todos nuestros males, o a los obreros que se resisten a que les recorten sus derechos laborales y finalmente a los empleados públicos por no asumir una precariedad salarial a cambio de la estabilidad en el empleo.

Rajoy, en una reciente entrevista, ha roto su silencio, presentando de forma unilateral esa vieja receta consistente en congelar el sueldo de los funcionarios para reducir con ello el déficit público.

La maquinaria funcionarial es compleja y gravosa, supone un lastre para las arcas del Estado. Pero funcionarios no sólo son esos burócratas atrabiliarios que están detrás de la ventanilla, sino los sanitarios, los docentes, los policías y bomberos. Si para fomentar la austeridad se reduce significativamente el número de empleados públicos o se precarizan sus condiciones, aumentará automáticamente la masificación, resintiéndose con ello la calidad de vida de la ciudadanía.

Según la organización internacional del trabajo, España está por debajo de la media de los países de su entorno en cuanto al número de empleados públicos y en cuanto al incremento experimentado a lo largo de los últimos años. Sin perjuicio de que existan excepciones como es el caso de algunas comunidades autónomas que a duras penas pasarían la prueba del algodón.

Sarkozy ha optado por no cubrir los puestos de los funcionarios fallecidos o jubilados, una medida drástica que cercena las expectativas de centenares de jóvenes. Como mucho se podría promover una reforma gradual que corrija los excesos propios de una burocratización desmedida. Pero para reducir el déficit deberán utilizarse otros procedimientos más concluyentes, ya sea mediante la vía impositiva o mediante la contención del gasto público. Tampoco cabe mantener esa acusación insidiosa que asocia el aumento funcionarial con el nepotismo de algunos partidos o con esa duplicidad achacable a una descentralización territorial que lo único que supuso en lo cuantitativo fue un cambio de titularidad puramente competencial.

En épocas de baja inflación la congelación salarial resulta poco sustanciosa a la hora de sanear las arcas públicas, tampoco es buena la estrategia que contraviene acuerdos sindicales o que hace recaer todo el peso de la reactivación sobre un sector que fue ajeno a la especulación inmobiliaria y financiera.