Catedrático de Derecho Administrativo

Ante las reformas anunciada por el PSOE de unificar el mando operativo de la policía nacional y la Guardia Civil, el Gobierno debería abrir un debate mesurado y no confundir a la ciudadanía sobre un problema acuciante. El aumento vertiginoso de la criminalidad en España en los últimos años es responsabilidad, también, de las políticas neoliberales del Gobierno, que, bajo el lema electoral de Menos impuestos y más seguridad, lo que han logrado es más inseguridad por un abandono de medios y dotaciones policiales, dejando anoréxica a nuestra policía. El Gobierno no detecta que con la globalización y el evidente aumento de la criminalidad se deben acometer nuevas políticas de seguridad, sino con un cambio estructural sí, al menos, mediante un cambio funcional.

Lo mismo que para la lucha antiterrorista se han creado comisarías únicas compuestas por policías españoles y franceses, y que Europol funciona a través de un trabajo conjunto cotidiano en un mismo espacio entre policías de diferentes países, se hace difícil pensar que, en el interior de nuestro país, se deba mantener intacta una dualidad de unidades y servicios operativos, separados y sin conexión alguna entre las dos policías españolas. A nadie se le ocurriría decir que el trabajo conjunto de la policía francesa y española en una comisaría única y en Europol comportaría suprimir alguna de ellas.

Este modelo de trabajo integrado es el que viene funcionando en Estados Unidos, donde se crean diferentes task forces (unidades mixtas) para operaciones especiales (lucha contra el narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etcétera) en un territorio determinado, por ejemplo, en Nueva York. Estas unidades agrupan miembros de los diferentes cuerpos de policía (FBI, DEA, Custom Service, policía local) con una interacción policial permanente. Por tanto, se unifican las bases de datos y los operativos policiales, no reduciéndose a una mera coordinación sino a una acción conjunta integrada.

Esta fórmula se ha extendido, precisamente, por los fracasos de una multiplicidad de policías con una duplicación de servicios operativos.

En España se están produciendo resistencias, no tanto corporativas sino políticas, a un trabajo policial conjunto e integrado entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. La paradoja es que con la Unión Europea pronto tendremos que implantar unas task forces o comisiones conjuntas interpoliciales ubicadas, por ejemplo, en los puntos y para las áreas más conflictivas (aeropuerto de Madrid o puerto de Algeciras). En estos puntos, por cierto, sus comisarías disponen ya de un miembro de la policía de fronteras alemana (Bundesgrenzschutz), lo que facilita un trabajo interpolicial e interestatal, que de hecho es ya un embrión de task force.

Es absolutamente ineludible que ante la movilidad criminal se responda inmediatamente con una movilidad policial. Ello requiere la instauración de una permanente acción conjunta entre los diversos cuerpos de policía. En el futuro veremos comisiones interpoliciales, con agentes de los 25 países de la Unión Europea, trabajando a través de este modelo en áreas turísticas y otros puntos estratégicos. Lo irónico sería que, por las reticencias del Gobierno español y el uso partidista que está haciendo de la seguridad, los policías europeos estuvieran trabajando de modo conjunto en task forces incluso en España, pero a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se las mantuvieran separadas con una dualidad de operativos y de servicios.

La solución no es, pues, ni mantener el aislamiento dual y superpuesto entre los dos cuerpos de seguridad ni ir a una fusión de la noche a la mañana como si se tratara de entidades financieras, sino establecer la mencionada acción conjunta y permanente. Esta comportaría crear un mando único y paulatinamente instaurar operativos conjuntos entre Guardia Civil y Policía Nacional hasta llegar, incluso, a disponer de comisarías únicas.

Al Gobierno habría que recordarle el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "La garantía de los derechos (...) necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquéllos que la tienen a su cargo".