Los mejores economistas al servicio de los mejores servicios de estudios, que habitualmente están incardinados en grandes grupos financieros, compiten desde hace años con sus iguales en el sector público para determinar el año en que las prestaciones públicas de jubilación pueden entrar en barrena.

En este fuego cruzado de vaticinios económicos, el riesgo que corren entre todos es que puedan llegar a perder el prestigio por querer predecir lo que puede ocurrir en un plazo determinado. Y lo que más les gusta debatir es sobre el cálculo de la solvencia de los sistemas de pensiones públicos a largo plazo, sobre todo en los países que forman parte de la Unión Europea de los Quince.

El viernes pasado ya tuvimos en España una advertencia inesperada, que rompe todos los esquemas de prudencia pública y privada a la hora de poder garantizar la cobertura de actuales las prestaciones de la Seguridad Social.

Un reciente estudio patrocinado por las cajas de ahorro españolas (Funcas) establecía que en un periodo de cuatro años la Seguridad Social española puede entrar en déficit en la cobertura financiera necesaria para los pagos a los pensionistas de este país.

Si el dato tuvo mayor repercusión de la que corresponde al alud de trabajos que, con marchamo académico, responden a intereses legítimos de cuantos hacen negocio en el ahorro para la jubilación, es porque fue elaborado en el 2004 por David Taguas cuando era subdirector del servicio de estudios del BBVA, pero que actualmente es quien dirige, en sustitución de Miguel Sebastián, la oficina que asesora al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en estrategia económica.

Sin embargo, más allá de la estrategia política, hay que analizar la vigencia del estudio mencionado, más bien escasa porque cae en la tentación de poner fecha a un conjunto de incertidumbres. El informe fue elaborado con datos correspondientes al año 2004 que desconocían, por tanto, las últimas repercusiones de la llegada masiva de inmigrantes a España, con los efectos que pueden generar sobre la producción de este país, la recaudación de la Seguridad Social y el cambio en la composición de la población activa en el mercado laboral.

En España las pensiones públicas, según queda recogido en el texto de la Constitución, no pueden quebrar. Y aquellas personas que las consideren insuficientes para su proyecto vital, pueden acudir a modelos complementarios, como la suscripción de planes privados para cuando alcancen la jubilación que cuentan, además, con el beneficio de bonificaciones fiscales.

Poner en duda la viablidad del modelo vigente es una insensatez política, un deterioro del prestigio de los economistas que trabajan en la sostenibilidad del sistema asegurador y, peor, un flaco favor al necesario debate sobre la revisión a fondo del modelo de Seguridad Social.