Las 104 propuestas para reformar el sistema educativo presentadas ayer por el ministro Angel Gabilondo a la conferencia sectorial del ramo, constituida por los consejeros de las comunidades autónomas, aspiran a garantizar la continuidad de los planes de estudio, reducir la lacra del fracaso escolar y mejorar los mecanismos que miden el rendimiento de los estudiantes.

De los tres objetivos antes mencionados, el primero es una necesidad ineludible si lo que se pretende es remozar todo el sistema, de ahí que el propósito del ministro de que se requiera una mayoría de dos tercios en el Congreso para cambiar los planes educativos apunte en la dirección adecuada. Y es que si no es posible el consenso en asunto tan complejo, al menos es necesario lograr la complicidad de una mayoría cualificada, que ha de incluir por fuerza a los dos grandes partidos. Este requisito parece garantía suficiente para dejar la política educativa a salvo del oportunismo, el cortoplacismo o la frivolidad electoral.

En estos momentos es poco menos que imposible encontrar a un solo estudiante en nuestro país que al completar su ciclo académico no haya tenido que ajustarse a más de un retoque en los planes que estaban en vigor cuando entró por primera vez en un aula. Y este rosario de cambios y reformas ha alimentado las dimensiones del fracaso escolar --el 30% de los alumnos llegan al final de la etapa obligatoria sin haber obtenido un título académico-- y ha instaurado la costumbre --quizás una de las más rechazables del devenir democrático a partir de la Constitución del 78-- de hacer de los planes educativos un arma política.

La sensatez de las propuestas de Gabilondo se completa con el proyecto de establecer dos pruebas de evaluación de conocimientos al final del sexto curso de Primaria y del tercero de ESO, destinadas a aquilatar la preparación de los alumnos. Se trata de disponer de una foto fija de cada promoción para saber hasta qué punto el sistema es eficaz, los jóvenes adquieren los conocimientos fundamentales en cada ciclo académico y el profesorado obtiene de sus alumnos los resultados que cabe esperar. Sin esta información no es posible corregir nada sobre la marcha o, menos aún, convertir el último año de ESO en un curso de introducción que permita a los estudiantes decidirse luego por la formación profesional o el bachillerato.

Mejorar los rendimientos escolares y reducir el fracaso en las aulas solo se puede abordar con una política de Estado. Si estas 104 propuestas lo logran, debidamente enmendadas y debatidas, el 85% de la población estudiantil deberá obtener en el 2020 una cualificación académica, según ha explicado el ministro. Ahora estamos muy lejos de esta cifra. Es un trabajo de titanes.