La operación Galgo que ha puesto en marcha la Guardia Civil contra una red de dopaje en el atletismo español, está sorprendiendo tanto por la variedad de los implicados como por la presencia entre ellos de una atleta de primerísimo nivel: la fondista y campeona del mundo y de Europa Marta Domínguez. Cuesta creer que una deportista de tan larga y fecunda trayectoria haya arriesgado su prestigio de forma tan temeraria participando, según los primeros indicios y el material recogido por los investigadores en el domicilio de la atleta, en la distribución de sustancias dopantes, lo que lleva aparejada la sospecha de que quizá sus propios éxitos estén también falseados.

Si bien es cierto que los numerosos controles que la atleta palentina ha pasado han sido siempre negativos, no parece inocente la cercanía que ha mantenido con el médico Eufemiano Fuentes, un triste símbolo del dopaje en España y pieza clave del caso Puerto, el otro gran escándalo de adulteración bioquímica de la competición deportiva, descubierto en el 2006 y aún pendiente de juicio.

El deporte español ha conseguido en los últimos años éxitos brillantísimos que, sin duda, en su inmensa mayoría no ofrecen mácula ni sospecha. Pero la sombra de la duda se cernirá sobre los deportistas en su conjunto si entre los ciudadanos persiste el convencimiento de que quien quiere burlar la ley antidopaje lo va a seguir haciendo. Por eso es muy importante que más de 60 atletas de la élite de nuestro país --entre ellos los más relevantes de Extremadura: Sonia Bejarano, Pablo Villalobos y Javier Cienfuegos-- hayan firmado un manifiesto en el que reclaman contundencia contra sus compañeros que no juegan limpio. Se trata de un movimiento sin precedentes --cuando se desarrollaba la operación Puerto contra algunos ciclistas, no se produjo ningún movimiento organizado de defensa del ciclismo limpio-- que permite tener esperanzas en el futuro que pasa por asumir que la única solución es perseguir a todos los tramposos, caiga quien caiga.

Hay que mantener la obligada presunción de inocencia para Domínguez y el resto de implicados, pero también esperar de la justicia la máxima firmeza. También habría que esperarla de las autoridades deportivas y federativas. Por eso llama la atención que el presidente de la Federación Española de Atletismo, José María Odriozola, el hombre que ha manejado el organismo en los últimos 22 años, se haya puesto de perfil ante la mayor crisis habida en su propia casa, como si él, por omisión, desconocimiento o comodidad, no tuviera nada que ver con la bomba de relojería depositada en el sótano de su federación. Proclamar "soy una víctima", como lo hizo ayer en su primera comparecencia pública --cuatro días después del escándalo-- es inadmisible. Odriozola debería hacer pública autocrítica por que bajo su mandato el atletismo español se ha sumido en el descrédito. Y obrar en consecuencia.